Entre los años 2020 a 2023 se registraron seis mil 870 agresiones contra mil 547 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en México, según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.
En ese periodo, además, se registraron 33 asesinatos de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos y se cometieron 23 intentos de asesinatos, asegura.
La Red asegura que Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México y el Estado de México son los lugares en los que registraron más agresiones, cometidas en el marco de manifestaciones, la defensa del territorio, la exigencia de verdad, justicia y reparación y la defensa de la libertad de expresión.
“Ni autoridades locales ni federales cumplen con su obligación de garantizar un entorno seguro para defender derechos humanos y en muchos territorios son las principales perpetradoras de las violencias en nuestra contra”, afirma.
También denunciaron que el discurso de estigmatización y criminalización de su acción política amplía el riesgo del ejercicio de nuestra labor, y que la creciente militarización del país las expone al desplazamiento forzado y agrava las dinámicas de violencia.
De acuerdo con la Red, los megaproyectos atentan contra sus cuerpos, sus comunidades y sus recursos; mientras que el control de los grupos de poder sobre sus territorios, dañan y roban su tierra y agua.
Mediante un pronunciamiento realizado a partir del Quinto Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, el cual se desarrolló en Morelia, Michoacán, el pasado 23 de febrero de 2024, sostiene que existe la permanencia y agudización de contextos de desaparición, trata y violencia generalizada contra niñas y mujeres, particularmente de la violencia feminicida; que incrementa la precarización y empobrecimiento de sus comunidades.
La Red advierte que existe la ausencia de políticas, su cumplimiento o implementación adecuada, para erradicar la violencia contra las mujeres y para proteger nuestra labor como defensoras o periodistas; y que el despliegue de políticas gubernamentales ha limitado el diálogo con las organizaciones civiles, específicamente con el amplio movimiento de mujeres y el feminista.
Y finalmente, que la impunidad y el olvido como respuesta del Estado a nuestras demandas impiden la no repetición de la violencia contra las mujeres defensoras y periodistas.
