La implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha transformado significativamente la vida de las comunidades y pueblos que habitan en el Istmo de Tehuantepec, quienes hasta la fecha mantienen procesos de resistencia y organización comunitaria. Frente a diversas acciones que las comunidades y personas defensoras han llevado a cabo para proteger sus propiedades, territorios y formas de vida, el Estado mexicano ha desplegado una serie de actos que afectan su integridad física y emocional, su libertad y territorio.
Dichas declaraciones son resultado de la documentación y observación de veintidós organizaciones de la sociedad civil, quienes conformamos una Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec (MCO) a fin de visibilizar las agresiones ejercidas contra personas y comunidades defensoras de la naturaleza y el territorio.
La MCO se realizó del 22 al 25 de julio de 2023, integrada por organizaciones internacionales, nacionales y estatales de derechos humanos y de los pueblos originarios, quienes realizamos un recorrido por diferentes comunidades del Istmo de Tehuantepec. A tres años de la implementación del Corredor Interoceánico, los datos son alarmantes:
Del 01 de mayo de 2021 al 01 de mayo de 2024, se registraron un total de 72 ataques, en los que se perpetraron, al menos, 226 agresiones diversas en contra de personas defensoras, siendo las más recurrentes: intimidación (30%), hostigamiento (28%), amenazas (10%) y agresiones físicas (7%). Además, se documentaron 3 homicidios en contra de defensores zapotecos: Jesús Manuel Martínez (2022), Félix Vicente Cruz (2023) y Noel López Gallegos (2023).
El 92% de las víctimas defensoras pertenecen a algún pueblo indígena; en ese marco, los pueblos Mixe (Ayuujk) y Zapoteco (Binnizá) fueron quienes tuvieron que enfrentar un mayor número de agresiones en su contra. Es importante visibilizar la existencia de agresiones e impactos diferenciados en contra de defensoras indígenas, quienes han enfrentado ataques de intimidación, amenazas y agresiones físicas basados en roles y estereotipos de género y con cargas de sexualidad.
En relación a los autores de los casos documentados por la MCO, el Estado mexicano, registró el mayor número de participaciones en la violencia perpetrada (en 94 ocasiones dentro de los 72 ataques documentados), con una presencia permanente y protagónica del Ejército, la Marina y Guardia Nacional en los territorios indígenas del Istmo, que propicia un clima hostil y de intimidación, lo cual ha generado una violación sistemática a los derechos fundamentales contra las comunidades y pueblos que habitan en el Istmo de Tehuantepec y que describimos de la siguiente manera:
- Libre determinación y consentimiento: Las consultas realizadas en el Istmo, no respetaron los estándares internacionales en la materia ni los derechos colectivos de los pueblos indígenas afectados.
- Territorio: Se documentó despojo de tierras ejidales con violencia vinculada a las dinámicas de especulación inmobiliaria y destrucción de tierras de siembra. También se conoció de la intervención del Estado limitando el derecho de control de los pueblos indígenas sobre su territorio.
- Libertad personal: se documentaron detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Nacional y Agencia Estatal de Investigaciones, las autoridades irrumpieron en los domicilios, emplearon uso excesivo de la fuerza pública y no señalaron las razones de las detenciones (se desconoce su existió una orden legal de aprehensión para ejecutar las detenciones).
Se documentaron también casos de desplazamiento forzado en los que las personas defensoras fueron desplazadas, mediando violencia en su contra, así como comisión de delitos: robo, agresiones físicas, en el caso de obras específicas como los polos de desarrollo, vías férreas y parques industriales.
La MCO señala que la labor de las personas defensoras y el ejercicio de su derecho a la protesta fueron detonantes para ser sujetas de agresiones de todo tipo, incluyendo agresiones letales, ejercidas por las autoridades o particulares, por otro lado, las personas que cuentan con medidas de seguridad otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas han sido defectuosas y no funcionan adecuadamente. La MCO realiza las siguientes recomendaciones:
- Cumplir con las obligaciones de debida diligencia en el marco de la investigación y sanción de los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las personas y comunidades defensoras, así como sus familiares.
- Reconocer y respetar los derechos humanos y colectivos de las personas y comunidades indígenas zapotecas, mixes y zoques y otros de la región, sus derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno; su derecho al territorio, al consentimiento previo, libre e informado, a partir de su efectivo reconocimiento como sujetos de derecho público.
- Detener de manera urgente y efectiva el proceso de militarización a efecto de garantizar una protección efectiva de los derechos a la autodeterminación, territorio y consulta.
- Detener toda forma de amenaza, criminalización y agresión en contra de las personas defensoras y pueblos indígenas , así como emprender acciones para garantizar un entorno seguro y garantizar la implementación urgente de medidas de protección efectivas en favor de personas defensoras del Istmo, las cuáles deben ser acordadas con las mismas y tener pertinencia de contexto, perspectiva de género y comunitaria.
- Adoptar las medidas necesarias y suficientes para la reparación integral y no repetición de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas y comunidades del Istmo de Tehuantepec.
La MCO advierte que, de no acatar las recomendaciones generadas, se profundizarán las violaciones a los derechos fundamentales de comunidades y personas defensoras en el Istmo de Tehuantepec.
