La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) denunció que la comunidad de Puente Madera aún enfrenta presión del Estado y grupos criminales por su oposición a la construcción de un parque industrial, como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sobre tierras de uso común que fueron vendidas al gobierno federal.
Esta presión, aseguró, continúa restringiendo la labor de la comunidad en defensa de su territorio; y afirmó, que su actual situación ocurre pese a que se revocó la sentencia contra el vocero de la comunidad David Salazar Hernández, y la decisión de no ejercer acción penal contra otras 17 personas originarias de Puente Madera, localidad del municipio de San Blas Atempa, ubicado en la región del Istmo de Oaxaca.
La Red TDT recordó que el pasado 14 de mayo de 2024 un juez federal revocó la sentencia dictada contra David Salazar, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quien fue sentenciado a una condena de 46 años de prisión por su oposición a la instalación del Polo de Desarrollo de San Blas Atempas en las tierras de uso común El Pitayal, en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
El 7 de febrero de 2024, el Juzgado de Control de Salina Cruz dictó sentencia condenatoria de 46 años y 6 meses de prisión más una multa de 182 mil 818 y un pago por reparación de daños por la cantidad de un millón 100 mil 15 pesos por los delitos de daños por incendio y lesiones dolosas.
“Los delitos fueron presuntamente cometidos en el municipio de San Blas Atempa el 12 de febrero de 2022 mientras se encontraba en camino a la estación de la Radio Comunitaria Didxazza Stipa de San Blas Atempa a denunciar hechos de hostigamiento que venía sufriendo en su contra días anteriores por defender el derecho al territorio de El Pitayal”, precisó la Red TDT.
Otras 17 personas de la comunidad de Puente Madera que tenían órdenes de aprehensión en su contra dentro de la misma causa penal.
Aún con la revocación de la sentencia y la decisión de no ejercer acción penal, denunció que Puente Madera “aún enfrenta una alta situación de tensión por la defensa de su territorio frente a las amenazas de agentes estatales y grupos criminales, lo cual derivó en la decisión colectiva de desistir del amparo federal contra el Polo de Desarrollo”.
