Juan Carlos Zavala
La tortura como acto de represión consumada por el cacique Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas, diputada local por segunda ocasión y ex secretaria de la Mujer, es un tema pendiente para la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón y una deuda de la justicia para las víctimas y ex presos políticos, aseguró Argelia Betanzos, abogada y defensora de derechos humanos.
Durante la presentación de los testimonios de las víctimas, por actos que ocurrieron de 2011 al año 2014, aseguró que la tortura, el encarcelamiento injusto, la fabricación de delitos y la persecución política y judicial, fue posible por la colusión de la Fiscalía General de Oaxaca, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y autoridades del gobierno estatal.
Argelia Betanzos es hija de uno de los 21 ex presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, acusados del homicidio del hermano de Elisa Zepeda y de tentativa de homicidio contra la ex funcionaria y próxima diputada local. Hoy, después de una lucha que duró una década, todos están libres porque no hubo ninguna prueba que los vinculara a estos delitos; además de las contradicciones de Elisa Zepeda y su familia.
La tortura contra miembros de la comunidad inició en el año 2011, cuando Manuel Zepeda asumió la presidencia municipal de Eloxochitlán de Flores Magón.
El primer acto fue el cateo ilegal de elementos del Ejército Mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizado a casas de representantes comunitarios que presentaron una denuncia por la explotación de los recursos pétreos del río por Manuel Zepeda y la intromisión de personas externas en sus sistemas normativos indígenas, sin la autorización de la asamblea general de la comunidad.
Los soldados nunca presentaron una orden de cateo y su argumento para ingresar violentamente a los hogares de los representantes comunitarios, fue que buscaban armas de fuego.
En los siguientes tres años, detalló Argelia Betanzos, hubo personas torturadas, pateadas y lesionadas con armas punzo cortantes, bajo las órdenes de Manuel Zepeda; sin embargo, pese a las pruebas presentadas, nunca hubo justicia.
Un caso emblemático de la impunidad por estos actos es el de Pedro Peralta. Su caso fue investigado por la entonces Fiscalía Especializada en Delitos de Trascendencia Social, y la investigación fue llevada ante el juez de Huautla de Jiménez. La resolución del juez fue que no hubo tortura y tampoco señaló a ningún responsable.
“De ese tamaño el pacto del Poder Judicial de Oaxaca, corrupto hasta las entrañas, insalvable, para tirar al cesto de la basura un caso de tortura”, señaló.
Otro caso emblemático, dijo, fue la emboscada que sufrieron habitantes de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón en noviembre del año 2012 cuando viajaban en un autobús rumbo a la Ciudad de México para participar en un homenaje a los hermanos Flores Magón, personajes de la historia de México relevantes por su actuación durante la Revolución Mexicana.
“Varias personas fueron heridas de muerte, torturados, por ellos (Manuel Zepeda) eran autoridades y cometieron estos actos atroces”.
Argelia Betanzos narró que cuando la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social llevó también este caso ante el Juez de Huautla, su sentencia fue que sí había “unos cuantos heridos” y responsabilizó de las agresiones a Manuel Zepeda y su cabildo, pero únicamente los condenó al pago de una multa. “¡Una multa!, así los arreglaron… Dos casos de tortura que llevaron a punto de la muerte a habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón”, exclamó.
La abogada y activista aseguró que no sólo hay una deuda de justicia pronta y expedita para las víctimas y ex presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, también hay una deuda de justicia restaurativa porque los actos de tortura y la fabricación de delitos continúan en la impunidad.
Sumado a esto, hay nueva oleada de persecución en su contra a través de revocaciones ilegales de libertades que han ganado; esto, durante la presentación de sus testimonios frente en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, “siguiendo una práctica corrupta, sistemática y violatoria”, apenas en febrero de 2024, revocó las libertades de Omar Hugo Morales e Isaías Gallardo que se habían ganado desde diciembre de 2022 en el caso 55/2014.
“La revocación es insostenible, ya que además tiene como antecedente, cinco amparos federales ganados por los indígenas en la misma causa penal”.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca también revocó la libertad de Francisco Durán Ortiz, por el delito de incendio que ganó en octubre de 2022, a pesar de que ese caso cuenta también con sentencias federales que declararon inexistente el delito.
Mientras que siguen activas 12 órdenes de aprehensión contra habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón, que los obligó a desplazarse de manera forzosa fuera de su comunidad ante la persecución política.
