Juan Carlos Zavala
Personas recluidas en los centros de atención de adicciones, conocidos como “anexos”, sufren la privación ilegal de la libertad, carecen de atención médica permanente, viven en hacinamiento y son víctimas de violencia sexual y ataques contra su integridad física y emocional, según la investigación “Contra su voluntad; informe sobre Centros de Atención de Adicciones en Oaxaca”.
El informe elaborado el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos (CódigoDH) y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es el resultado de la visita a nueve de este tipo de centros en el estado.
“Se identificó la privación ilegal de la libertad, falta de consentimiento informado, pues la mayoría carecen de atención médica permanente además que las personas viven en hacinamiento. Así como violaciones al derecho a la vida y a la integridad física y emocional, ataques contra la identidad, identidad sexual, violencia sexual, la falta de acceso a la justicia y debido proceso, entre otras”.
La investigación también mostró que de 2019 a 2022, solo 14 casos fueron documentados en medios de comunicación sobre denuncias de violaciones a derechos humanos en estos centros, lo cual derivó en 11 personas detenidas.
Y menciona que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que actualmente existen 24 carpetas de investigación contra Centros de Atención de Adicciones en la entidad.
Sara Méndez, coordinadora de CódigoDH, destacó que el informe revela que es una práctica común la apertura y operación de centros para tratar las adicciones sin contar con la debida regulación, operando en total opacidad. En estos lugares, es común la práctica de la “tortura y los tratos crueles e inhumanos”, lo que genera un grave riesgo para las personas que son ingresadas a estos centros.
“No están cumpliendo con la serie de normativas que existen como la norma 028 de la Ley General de Salud y otras leyes como la ley General contra la Tortura que reconoce que en este tipo de establecimiento se comete tortura”, señaló.
El documento hace un llamado urgente a las autoridades estatales para que se garantice la regulación y supervisión de estos centros, con el fin de proteger los derechos humanos de las personas que buscan tratamiento para sus adicciones.
Además, insiste en la importancia de adoptar enfoques basados en la dignidad, el respeto y el acompañamiento integral, evitando cualquier forma de violencia y violaciones graves a derechos humanos.
