Por Deimos Sánchez
El Observatorio Estatal de Ciudadanas para la Participación Política de Mujeres Indígenas y Afromexicanas (Mujinaf), recriminó el silencio que han guardado las diputadas locales, federales y senadoras oaxaqueñas, ante la desaparición de la activista Mixe, Sandra Estéfana Domínguez Martínez y su esposo, Alexander Hernández, vistos por última vez el pasado 04 de octubre en los límites de Oaxaca con Veracruz.
A través de un comunicado el colectivo de mujeres indígenas y afromexicanas, señaló que la desaparición de la defensora Ayuuk, no solamente afecta a su familia y a la comunidad, también representa una grave violación a sus derechos humanos y una alerta sobre la situación de violencia constante que enfrentan las mujeres indígenas y defensoras en Oaxaca.
Para el colectivo, este silencio que guardan las diputadas y senadoras, es inadmisible y podría interpretarse como complicidad con quienes perpetúan estás injusticias.
«Su silencio nos obliga a pensar que no cuentan con las condiciones adecuadas para ejercer su cargo libre de violencia lo cual sería gravísimo y prende alerta sobre el ejercicio de una violencia estructural que les impide actuar con autonomía», escribieron.
En su desplegado, el Observatorio, recordó a las legisladoras, que su compromiso es con el pueblo, y el pueblo exige cambios reales, y como representantes populares, tienen la responsabilidad de defender los derechos de quienes las eligieron.
«Nosotras, las mujeres, esperamos que levanten
la voz y exijan medidas concretas para conocer el paradero de Sandra Estéfana Dominguez Martínez.
Por lo anterior, el colectivo de mujeres indígenas y afromexicanas, exigió a las legisladoras locales y federales, así como a las senadoras oaxaqueñas, se pronuncien y condenen enérgicamente la desaparición de la defensora de derechos de las mujeres Sandra Estéfana.
Además en su pronunciamiento, les solicitó exijan a las autoridades una investigación exhaustiva y pronta para dar con su paradero de la activista hasta agotar todos los recursos disponibles para encontrarlos con vida, garantizando así su seguridad y la de
sus familiares.
El observatorio pidió también a las representantes populares, promuevan la implementación de políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia contra las mujeres indígenas, como la discriminación, la desigualdad y la falta de acceso a la justicia.
Y qué además se fortalezcan los mecanismos de protección para las mujeres indígenas en
situación de riesgo, así como los servicios de atención a víctimas de violencia de género.
«Demandamos que condenen la criminalización y revictimización de las víctimas, especialmente por parte de medios y figuras públicas que, con el fin de manipular la opinión pública, buscan tergiversar los hechos relacionados con desapariciones y violaciones a los derechos humanos», escribieron en su desplegado.
