Trabajadores despedidos por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acusaron que la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHPO) bajo la titularidad de Elizabeth Lara ha sido omisa al no pronunciarse respecto al decreto 24 aprobado en la 66 Legislatura del Congreso local, a iniciativa del gobernador Salomón Jara Cruz.
En conferencia de prensa, los trabajadores afectados en compañía del abogado Víctor Hugo Carriedo Zárate, presentaron una queja ante el citado organismo con la intención de que éste se pronuncie por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los mil 344 trabajadores que fueron despedidos desde el día 11 de diciembre de 2024.
Y además para que la Defensoría inicie con los trámites correspondientes y solicite mesas de trabajo para que las autoridades estatales transparenten cuáles fueron los criterios para reincorporar a sus puestos de trabajo a los 667 trabajadores que serían reinstalados, refirió Carriedo Zárate.
Asimismo, agregó que la DDHPO tiene la facultada de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) contra el decreto 24 del mandatario estatal, ya que el artículo en el que está sustentado es inconstitucional e inconvencional y por ello, consideró que el organismo debe hacer un pronunciamiento respecto a este decreto que fue emitido con violaciones a los derechos humanos.
“Esta queja es para que las mesas de trabajo sean transparentes, porque desconocemos cómo y quiénes fueron las personas que escogieron y cómo se escogieron a los trabajadores para que fueran reincorporados más de 600 trabajadores que actualmente no tienen certeza de que los vayan a reincorporar”, expresó el abogado.
Víctor Hugo Carriedo Zárate durante su pronunciamiento expuso el caso del señor Gaspar Cruz Atanacio, con más de 30 años de servicio en el gobierno del estado, quien ha recibido medalla de plata y oro por sus años de servicio, y que pese a ello, fue despedido, y no se le tomó en cuenta para ser reincorporado a su trabajo.
