Texto e Infografía: Antonio Mundaca /
Video: Karen Rojas Kauffmann
Oaxaca de Juárez.- En la lógica del candidato al gobierno de Oaxaca Salomón Jara Cruz, no importa si uno de los suyos fue acribillado en una posada decembrina y le dejaron una cartulina al estilo de la mafia, y antes fue detenido, acusado por desaparición forzada junto a los policías municipales bajo su mando; u otro de su círculo cercano fue vinculado en una operación modelo de investigación para combatir el lavado de dinero de cárteles de la droga en todo el continente, y la acusación vino de una unidad de la Secretaría de Hacienda de un gobierno federal emanado de su mismo partido político; o una de sus piezas financieras fue vinculada a proceso por desaparición forzada, y meses antes, órganos fiscalizadores le exhibieran, en documentos, el delito de peculado. El argumento para defenderlos por parte del exsenador de la república emanado de Morena, siempre son los “ataques políticos por intereses electorales”.
La sombra del munícipe acribillado
En la víspera de navidad del 23 de diciembre de 2019, un grupo armado irrumpió en una posada del DIF del municipio mazateco de San Felipe Jalapa de Díaz, en el norte de Oaxaca. Frente a mujeres y niños, en la explanada del palacio municipal, alrededor de las 4 de la tarde, dispararon en 23 ocasiones armas de distintos calibres contra Arturo García Velázquez, presidente en funciones y el síndico Javier Terrero.
El munícipe de 32 años recibió el “tiro de gracia”. Sobre su pelvis enterraron un cuchillo con una cartulina color verde con la leyenda: “esto te pasa por traidor”. Su homicidio fue el cenit de una ola de violencia que se instauró en la zona mazateca y que había dejado más de 60 asesinatos y decenas de desapariciones también en los municipios vecinos de San Pedro Ixcatlán, San Miguel Soyaltepec y San Lucas Ojitlán, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde las denuncias seguidas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), apuntaban a la complicidad de cuerpos policiacos locales.
El edil asesinado había sido arrestado en su domicilio el 24 de octubre de 2019, por elementos de Seguridad Estatal y la Guardia Nacional, tras una serie de cateos donde presuntamente se le decomisaron armas de uso exclusivo del ejército y más de mil cartuchos útiles. Con él también fueron detenidos el primer y segundo comandante, junto a otros 10 elementos de la policía municipal. De acuerdo con la causa penal 219/219 a la que tuvimos acceso para esta publicación, el delito principal era desaparición de personas y hechos delictivos ligados a un cártel criminal. Un día después de la detención de García Velázquez, más de la mitad de la policía municipal fue desmantelada.
Mil cartuchos de armas largas sembrados
La avanzada en la defensa pública de Arturo García Velázquez fue la diputada federal del Distrito 02 Irma Juan Carlos, cercana colaboradora de Salomón Jara desde su paso desafortunado por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Alimentación (SEDAPA), en el sexenio de Gabino Cué, cuya diputación se encuentra en la zona de influencia del munícipe acusado.
Irma Juan Carlos afirmó que se había violado la presunción de inocencia del edil cuenqueño. El 3 de octubre de 2019, acompañado de diversos liderazgos de Morena en Oaxaca, el senador Salomón Jara Cruz, sostuvo en conferencia de prensa que “todo se trataba de un montaje mediático con fines electorales”.
Un día después, un juez de control liberó de un penal de máxima seguridad a García Velázquez. La defensa promovida por los abogados operadores de Salomón Jara alegaron que el cateo fue ilegal, y que las armas largas le fueron sembradas al edil emanado de Morena, que había conseguido la reelección en 2018. La FGEO no logró presentar pruebas sólidas.
Tras la liberación del munícipe, Jara Cruz subió el tema a la máxima tribuna del senado y dio voz a Arturo García en dicho recinto, donde el inculpado afirmó que había sido un preso político. Salomón Jara denunció que era necesario hacer un juicio político contra el entonces fiscal Rubén Vasconcelos, al atacar sistemáticamente a los partidos de oposición en la entidad con el objetivo de“desmembrar a Morena y la lucha social con calumnias”.
La viuda vence el hermano
La presidencia municipal vacante por el magnicidio fue asumida a principios de 2020 por Jesús García Velásquez -hermano de Arturo García-, quien fungía como su suplente. Durante su interinato de gobierno se negó a pagar “cuotas” a grupos cercanos al senador para operar políticamente para Morena, revelaron fuentes cercanas al edil, este desacato le valió que no fuera elegido para buscar la reelección en el proceso electoral 2021.
El 30 de marzo de ese año, el Comité de Elecciones Estatal de Morena, designó a Fernanda Barbosa Sosa, la viuda del extinto presidente como candidata al gobierno local de Jalapa de Díaz, promovida por el senador Salomón Jara. La aspirante usó la imagen de Arturo García para combatir el desarraigo del que era objeto en el municipio indígena, al no hablar la lengua chinanteca o mazateca y ser oriunda de la ciudad de Tuxtepec.
Fernanda Barbosa ganó la elección al hermano de su difunto esposo, Jesús García que compitió por el PRI. El 1 de enero de 2022, Salomón Jara recuperó el control político y económico de Jalapa de Díaz, el municipio más grande y rico de la mazateca baja.
Peculado en Nochixtlán
Antes de que la exedil de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, fuera detenida por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el 7 de mayo de 2021, por su probable participación en la desaparición de la activista inglesa-mexicana Claudia Uruchurtu, ya se encontraba en medio de una espiral de acusaciones de mal manejo de recursos públicos y falta de comprobación de gastos millonarios.
La posible estela de corrupción documentada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), provenía desde el inicio de su gobierno municipal. De acuerdo a documentos consultados por el reportero, su gobierno no acreditó 8 millones 795 mil 285 pesos con 70 centavos en sueldo a personal de confianza y de base, material de oficina, compra de bienes y gastos de difusión gubernamental del 1 de enero al 30 de junio de 2019.
Según dicha documentación, también se cometieron pagos irregulares mediante cheques nominativos y transferencias bancarias por 2 millones 504 mil 728 pesos con 29 centavos. Así como la omisión de registros contables y presupuestarios por cantidades diversas, que van desde los 143 mil pesos; 35 mil; 8 mil y 60 mil pesos entre otros, todos sin documentos comprobatorios. También detectó el OSFE “empleados fantasmas”, ya que había recibos sin firma y pagos a puestos no autorizados o “inexistentes” por un monto de 1 millón 252 mil 518 pesos con 18 centavos. Además del pago de 226 mil 145 pesos a radio, televisión y diversos medios sin soporte documental, todo esto solo en los primeros meses de su administración.
La presidenta, sus colaboradores y el secuestro de Uruchurtu
El primer acercamiento entre Claudia Uruchurtu y Lizbeth V.H., fue a inicios de 2019 cuando la activista buscaba solucionar un problema de viviendas en zonas que se inundan cada año en temporada de lluvias. La respuesta del ayuntamiento local fue que no existían recursos para la zona de barrancas municipales y eran necesidades no prioritarias en el presupuesto público, sostuvo Sara Uruchurtu, una de sus hermanas.
Entonces empezó la búsqueda de Claudia Uruchurtu por saber en qué se gastaba el dinero el gobierno municipal. Desde su llegada al municipio mixteco desde Inglaterra en 2014, se había vuelto una pieza incómoda para las autoridades al denunciar despojo de tierras. Por 3 años, Claudia Uruchurtu reunió pruebas del mal uso de los recursos públicos en el gobierno que encabezaba Lizbeth V.H., y denunció en dependencias y con medios de comunicación el desvió de dinero.
De acuerdo a testigos, el día de su desaparición había llegado de viaje de la Ciudad de México. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando se sumó a una protesta por el encarcelamiento del dueño de un negocio que se negó a pagar un adeudo con el ayuntamiento. Decenas de personas exigían la liberación del detenido. La respuesta fue la confrontación entre la policía municipal y los manifestantes.
Tras el incidente, Claudia Uruchurtu se separó del grupo y presuntamente fue alcanzada unas calles adelante por un empleado de la presidenta municipal, identificado con el apodo de “El centinela”. Eran casi las 11 de la noche. Las cámaras de seguridad de los negocios registraron que fue secuestrada en una camioneta roja, tripulada por otros presuntos colaboradores de la exmunícipe. La camioneta salió del pueblo escoltada por la patrulla municipal con el número 1, reveló la investigación oficial. Desde entonces, Claudia Uruchurtu está desaparecida y las hermanas de la víctima han indicado que en 5 ocasiones se han diferido las audiencias contra los presuntos responsables.
Salomón Jara, el 14 de mayo de 2020, en gira por Nochixtlán, afirmó “están denostando a nuestra presidenta, están aprovechando la coyuntura electoral para golpearla, es una injusticia su detención, es una mujer trabajadora, luchadora social, su único delito es la honestidad, y eso le duele a los priistas”.
La nuera a la diputación, la hermana como operadora política
Meses antes de la detención de Lizbeth V.H., Salomón Jara ya la perfilaba para la reelección municipal por Morena. A pesar de las acusaciones de peculado documentadas por Claudia Uruchurtu y diversas organizaciones mixtecas, el senador solicitó al gobierno del estado de Oaxaca, el 24 de diciembre de 2020, la cantidad de 300 millones de pesos para obras sociales donde se encontraba incluido el municipio de Nochixtlán, según datos confirmados por la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego), la presión de Jara Cruz fue con el amago de movilizaciones para que fueran entregados los recursos extraordinarios para sanear finanzas y pagar prestaciones de fin de año. El 29 de marzo de 2021 Lizbeth V.H., fue designada candidata de Morena para buscar la reelección municipal.
Pero la exmunícipe detenida no es la única pieza con la que el senador oaxaqueño buscó consolidar el control político. El 6 de abril de 2021, Amando Castellanos Torres, excompañero de Salomón Jara en el PRD desde el 2002, acusó al legislador de usar varios millones de pesos para otorgarle la candidatura a la diputación local del distrito 05 de Nochixtlán a su nuera Tania Caballero Navarro, dichos recursos presuntamente de las arcas del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa inculpada. Tania Caballero ya había sido impuesta en 2018 como regidora de Hacienda del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, como parte de la negociación de posiciones con Oswaldo García Jarquín, y no radicaba “oficialmente” en Nochixtlán.
Irónicamente tras ganar la elección, Tania Caballero asumió en el Congreso local la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Apenas alcanzada la candidatura al gobierno oaxaqueño, Salomón Jara designó como una de sus principales operadoras en Asunción Nochixtlán, a Nathalie Victoria Huerta, expresidenta del DIF municipal y hermana de la alcaldesa detenida. A pesar de los escándalos que incluyen el delito de lesa humanidad y posible malversación de recursos, Salomón Jara mantiene el control político de la región mixteca.
La “Operación Agave Azul” contra el lavado de dinero
Por solicitud del gobierno estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas de mil 669 personas relacionadas con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de una investigación internacional llamada “Agave Azul”, que arrojó en el mapa nacional una inmensa red, a través de la cual el cártel realiza el lavado de su dinero ilícito.
En Oaxaca, el nombre que salió en dicha investigación fue el de Antonino Morales Toledo, entonces alcalde de San Blas Atempa, líder de los presidentes municipales emanados de Morena del Istmo de Tehuantepec, y el principal operador financiero de Salomón Jara Cruz, desde hace al menos seis años.
El operativo “Agave Azul” consistió en que la UIF se dedicó a ubicar a personas a través de todos los bancos de datos financieros a los que tiene acceso. Ahí descubrió las diez principales entidades federativas de los 32 que integran México donde operan estos “soldados financieros” del CJNG, de acuerdo a información publicada por el diario alemán Deutsche Welle (DW).
El nombre de Antonino Morales fue ligado en dicha investigación, en bloque, junto a Eduardo Cervantes Aguilar, alcalde de Ixtlahuacan y Mónica Marín Buenrostro, alcaldesa de la comunidad El Grullo, ambos en Jalisco. El 16 de junio la UIF notificó que las cuentas bancarias congeladas fueron de carácter personal, no las cuentas de los ayuntamientos. Sin embargo, a través de un comunicado el gobierno de San Blas Atempa afirmó que sus cuentas principales sí habían sido bloqueadas y no fueron informados del motivo.
Campañas sucias realizadas por el gobierno de su mismo partido
El 17 de junio de 2020, Antonino Morales acompañado de Salomón Jara y los presidentes de Juchitán, Emilio Montero y de Vilma Martínez de Tehuantepec, sostuvo que se trataba de una “campaña orquestada por sus adversarios políticos”, a pesar de ser una investigación realizada por la DEA y por la autoridad federal emanada de su mismo partido político. Se defendió diciendo que era “un ataque orquestado por los caciques de la región”.
Por su parte, Salomón Jara defendió al munícipe, afirmando que se trataba de “una campaña sucia” para afectar a la 4T y afirmó que dicha campaña era impulsada por el PRI del estado de Oaxaca.
Fundaciones, “huachicoleo” y la antesala del poder
Pero para el principal operador financiero de Salomón Jara, el vínculo con actividades ilícitas no es nuevo. En el istmo oaxaqueño corren leyendas sobre su participación en despojo de tierras desde que fue presidente de San Blas Atempa, por primera vez en 2014 bajo las siglas del PRD; también corren denuncias de control férreo a comuneros en proyectos eólicos ya bajo las siglas de Morena.
Sin embargo, como datos concretos se encuentra la carpeta de investigación /OAX/SC/0001548/2019 abierta por la Fiscalía General de la República (FGR), donde administrativos de PEMEX lo acusaron de robo y venta ilegal de combustible el 5 de julio de 2019. En octubre de ese año, el ministerio público de Salina Cruz, determinó no ejercer acción penal, la carpeta quedó en resguardo del archivo temporal cuyo delito prescribirá en abril de 2034.
El poder de Antonino Morales se consolidó a través de la organización Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), que opera como movimiento político de apoyo a la candidatura de Jara Cruz al gobierno de Oaxaca, y a través de la cual se ha construido una red de presidentes municipales ligados a Morena y el PT. Desde donde opera también, su hermano Cesar Morales Toledo, que se ha visto envuelto en escándalos al no comprobar el origen de dinero en efectivo tras una detención por la Policía Federal en 2018, y un presunto arresto por portación de armas de uso exclusivo del ejército, por la cual fue detenido el 28 de enero de 2022 y documentada por el periodista Pedro Matías en la revista Proceso.
Antonino Morales terminó su gobierno de San Blas Atempa en diciembre de 2021. Al menos en el papel, ya que en su feudo dejó como presidente a Noél Hernández Rito, que bajo el padrinazgo de Morales Toledo fue secretario, regidor y director de Servicios Generales Municipales, también adherido a FUCO.
Tras las acusaciones de vínculos con el crimen organizado, Antonino Morales creó el 23 de agosto de 2021, la Fundación Antonino Morales Toledo A.C., y hoy es una pieza clave en la campaña de Salomón Jara como candidato a la gubernatura de Oaxaca.
