Opinión: Dimas Romero González
El ciclón Ágatha con categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson y vientos de 16 5 km/h, ingresó a Oaxaca la madrugada del 30 de mayo. Aunque afortunadamente se degradó a tormenta tropical, de todas formas, la crecida de los ríos, su desbordamiento y los fuertes vientos provocaron daños en más de 31municipios.
Las autoridades federales declararon emergencia extraordinaria, primero para seis municipios de la Costa, entre ellos, Santa María Colotepec, Santo Domingo de Morelos, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, San Miguel del Puerto y San Pedro Huamelula; con el paso de las horas, los daños se extendieron a otras partes de la Costa y a extensas zonas de la Sierra Sur. Finalmente se emitió la declaratoria para 30 municipios y están en proceso 30 más para los mismos efectos.
Es imposible aún conocer los daños reales, a la fecha se reporta que 9 personas perdieron la vida y 4 se encuentran desaparecidas; la CFE reconoce a 80 mil afectados por la interrupción de la energía eléctrica; hay 17 mil viviendas dañadas; 17 puentes afectados, así como 240 caminos rurales; asimismo, afectaciones en 80 mil hectáreas de cultivo de café en Pluma Hidalgo y, en Tonameca, 40 mil de papaya; daños en 72 centros escolares de distintos niveles; el hospital de Pochutla al 30% de su funcionamiento y 6 centros de salud sin servicio. Falta el reporte de daños en hoteles, restaurantes y negocios.
Las acciones de las autoridades fueron, en su mayoría, para la fotografía. Los diputados locales morenistas juzgaron que cumplían con su papel al exhortar al gobierno estatal y a la Secretaría de Protección Civil a que apoyaran a las zonas afectadas; el gobernador solicitó la declaratoria contra desastres naturales y declaró que hay una partida estatal de 230 millones de pesos para este rubro, además de realizar recorridos en las zonas afectadas para informar que en coordinación con la Federación se atendería a los damnificados; por su parte, los diputados federales sólo atinaron a pedir, mediante un documento, la intervención del Ejecutivo Federal; a su vez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, dijo que se realizaría el “Censo del Bienestar” a partir del jueves y que, con base en los datos que éste arrojara, se brindará el apoyo a los ciudadanos afectados; finalmente, el Presidente anunció que hoy jueves visitaría la zona de desastre.
En los hechos, la ayuda no ha pasado del envío de maquinaria para retirar escombros, reparar o reconstruir caminos, carreteras y puentes, y de entrega de enseres, despensas, colchonetas y láminas. No vemos brigadas de reconstrucción de viviendas, como sucede en otros países en que ha habido casos similares. Es casi seguro que se repetirán escenarios como el de la reciente inundación de Tabasco, en que se censó a la gente y después se le escatimó el apoyo, convirtiéndolo en capital político morenista o, como vimos hace algunos días aquí en Oaxaca, a los damnificados del sismo del 2017, que denunciaban el incumplimiento en la entrega de apoyos a quienes fueron censados. Lo que si abunda, es la visita de funcionarios de distintos niveles y dependencias para conocer de “primera mano”, la magnitud de las afectaciones.
Con el paso de los días, a medida que los afectados aprendan a sobrevivir con lo que sus reducidos medios les permitan reconstruir, las autoridades de los tres niveles, conocedores de la capacidad de resistencia de los oaxaqueños, convertirán la situación en un caso más de abandono a damnificados, para finalmente señalar que los estragos se deben a la agresividad de los fenómenos naturales que responden así al maltrato que le ocasionamos al medio ambiente, cuyo síntoma más claro es el calentamiento global. Pero hay, a mi juicio, dentro de muchas otras cosas en que deberíamos reparar, algunas de trascendental importancia:
La primera es la injusta distribución de la riqueza social que impide a los mexicanos tener un salario digno y remunerador, pues si todos pudieran comprar o construir una vivienda digna, no la harían con láminas y desperdicios de madera o fierro que cualquier aire se lleva; y en que, si hubiera una suficiente y correcta inversión en infraestructura, en las carreteras, por ejemplo, aplicando una adecuada mecánica de suelos, los cerros no se cortarían de tajo, evitando deslaves y, difícilmente los desbordamientos de agua se llevarían a las casi veredas, embarradas de material petrolizado, en que se debate la geografía estatal y, los puentes resistirían las crecidas del agua.
La segunda consiste en que un gobierno preocupado verdaderamente por los mexicanos, no hubiera desaparecido el Fondo Para Desastres Naturales (FONDEN), como lo hizo la 4T en 2018, con lo cual los damnificados por estos fenómenos naturales, no reciben ni la mínima ayuda que ya obtenían con estos fideicomisos que captaban recursos de entidades extranjeras y privadas. La lentitud que vemos hoy en la atención, es el resultado de esta ineficiencia administrativa y de la criminal política de reducción de recursos del erario a las capas populares, que escondieron tras el falso discurso de combate a la corrupción.
Pero hay algo más, a la luz de la terrible crisis económica que azota al mundo, muchos afectados no podrán ni siquiera acondicionar sus viviendas al nivel que éstas tenían, por la evidente falta de recursos y el constante encarecimiento de la vida. Ante la creciente inconformidad social hacia políticos y funcionarios actuales, cuya manifestación es el abultado abstencionismo en la pasada elección de más de 61% del padrón de votantes, corremos el peligro de que los damnificados, sintiéndose abandonados, avancen en la ruta del radicalismo que toman comunidades que a últimas fechas, ante la falta de soluciones, han secuestrado personas, incendiando vehículos y agredido a funcionarios.
Por tanto, nosotros invitamos, en primer lugar, a los damnificados, a ver en la organización social, mediante los cauces legales, a la mejor herramienta para resolver la problemática que los afecta, pues caer en el radicalismo social mal entendido, puede llevar a que la autoridad tenga un pretexto para reprimirlos y los lleve al encarcelamiento, como ha ocurrido en el pasado en Oaxaca, mientras los instigadores obtienen puestos políticos al abandonar su causa. Para tales efectos, ponemos a sus órdenes nuestra humilde experiencia y solidaridad decidida, para que con nuestra capacidad de gestión y fuerza política, sus demandas sean atendidas. Desinteresadamente, como parte de nuestra lucha por un país más justo y equitativo, como lo demuestra el reciente respaldo a trabajadores de salud despedidos, agricultores perjudicados por la cancelación de subsidios de la CFE y trabajadores del reciclaje que ven sus fuentes de empleo en peligro; en segundo lugar, llamamos a las autoridades a que atiendan a los afectados debidamente, que a nivel estatal se implemente un plan de reconstrucción con los recursos necesarios y que se solicite a la Federación, no lo que quieran dar los funcionarios en turno que desaparecieron el FONDEN, sino lo que se requiere para que los afectados vuelvan a vivir de manera aproximada a como lo hacían antes de la afectaciones.
Una última consideración. Acaba de elegirse gobernador, y no sería justo adelantar vísperas y culpar o hacer responsable del reciente ciclón y su tratamiento, a quien resultó electo, pero es quien heredará la administración estatal y, con ello, la responsabilidad de completar la solución, con lo que tendrá la oportunidad de demostrar si sus promesas fueron reales, pero solo el tiempo nos dirá si la historia solo se repetirá y si los oaxaqueños tendrán el ánimo de soportarlo.
