La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género y discriminación ocurridos en fechas recientes contra mujeres transgénero en la región de la Costa e Istmo, y llamó a las autoridades de procuración e impartición de justicia a garantizar el acceso a este derecho a las víctimas y sus familias.
El caso más reciente ocurrió el pasado sábado 27 de agosto en San Pedro Jicayán en la región de la Costa en donde la víctima, identificado como David L. M., un joven de escasos 25 años de edad fue agredido presuntamente por dos hijos del presidente municipal quienes después de golpearlo le intentaron cortar parte de la lengua. El otro caso fue el asesinato de Edgardo Santiago López conocido como “Marimar” en Salina Cruz en la región del Istmo.
Por el caso de Salina Cruz, la DDHPO refirió que inició el expediente DDHPO/0035/RIJ/(10)/OAX/2022 para investigar posibles violaciones a derechos humanos, mientras que por el caso de San Pedro Jicayán abrió una carpeta bajo el número DDHPO/CA/008/(09)/OAX/2022 para indagar el caso.
El organismo autónomo se pronunció también porque autoridades estatales y municipales implementen de manera urgente políticas públicas y acciones tendientes a que las autoridades incorporen en su actuación la perspectiva de derechos humanos, apegados a los Principios de Yogyakarta, los cuales se ocupan de una amplia gama de normas de derechos humanos y de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género, así como el respeto a las personas de la diversidad sexual, como medida para erradicar los actos discriminatorios.
Aunado a ello, la DDHPO dará acompañamiento a las personas víctimas y sus familias, ya que este tipo de casos no solo afectan a una persona, sino a toda la comunidad de la diversidad sexual, por lo que es fundamental construir una sociedad tolerante en la que se reconozcan los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
La Defensoría informó que de 2020 hasta lo que va del 2022, se ha iniciado 26 expedientes de discriminación hacia personas transgénero, entre los que se encuentran tres relacionados con crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género.
La institución resaltó la importancia de que las autoridades competentes investiguen y sancionen a los responsables de estos delitos, ya que garantizar el acceso integral a la justicia e impedir la impunidad permitirá combatir este tipo de ilícitos.
En el caso de la víctima de San Pedro Jicayán, la DDHPO consideró que resulta fundamental brindarle acceso a la salud por medio de atención médica de calidad y calidez que le permita recuperarse adecuadamente de las lesiones sufridas.
Y puntualizó que la violencia contra las personas de la comunidad de la diversidad sexual debe ser atendida, ya que, de acuerdo con cifras del Proyecto de Monitoreo de Asesinatos Trans, realizado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, México ocupa el segundo lugar en casos de transfeminicidios.
Sin embargo, los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género no son la única forma de violencia que vive la comunidad de la diversidad sexual, sino que, la base de las agresiones en su contra está en la discriminación persistente que, además, les obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos, pues los estigmas y prejuicios existentes coadyuvan a la normalización de la violencia.
La Defensoría advirtió que para prevenir y eliminar estos delitos se debe trabajar en combatir las diferentes formas de manifestación de la discriminación hacia las personas de la comunidad de la diversidad sexual.
La Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género visibilizó que el 58 % de las personas de la comunidad de la diversidad sexual encuestadas han sido discriminadas, lo que ha implicado la negación injustificada de algún derecho, especialmente el acceso al trabajo o la entrada a algún espacio.
La Defensoría reiteró que es fundamental promover el respeto a la diversidad, además de recordar que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de las diferentes identidades, orientaciones y expresiones que conforman la comunidad de la diversidad sexual.
Finalmente, el organismo destacó la necesidad de impulsar y construir una sociedad más igualitaria y libre de discriminación, para lo que es necesario combatir las desigualdades estructurales que enfrentan las personas de la comunidad, así como generar políticas públicas integrales e interseccionales.
