Hoy se cumplen tres años de la agresión con ácido que sufrió la joven María Elena Ríos Ortiz. El 9 de septiembre de 2019, María Elena caminaba junto con su madre sobre la calle Guerrero en Huajuapan de León, un municipio de la Mixteca de Oaxaca, cuando un hombre vestido con una sudadera negra se acercó a ellas, sacó un bote con ácido y lo arrojó sobre su rostro; el líquido también alcanzó a su madre.
Hasta ahora, tres personas han sido vinculadas a proceso: los dos presuntos autores materiales y el empresario gasolinero y ex diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Vera Carrizal. Continúa prófugo su hijo Juan Vera Hernández, por quien la Fiscalía General de Justicia del Estado ofrece hasta un millón de pesos por información que permita su captura.
A tres años de su agresión, el crimen en su contra no sólo continúa impune porque ninguno de los imputados ha recibido sentencia, sino que además, el caso entró en una nueva confrontación luego de que el Gobierno de Oaxaca afirmara que ha pagado más de dos millones de pesos para los tratamientos de la joven y que lo dejaría de hacer, para que a partir de ahora se atienda en instituciones del sector de salud público. La cantidad no sólo fue desmentida por María Elena Ríos, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que era falsa y reclamó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa no respetar los derechos de las víctimas al difundir no sólo su nombre, sino también información privada con la que la revictimiza.
“Soy una sobreviviente que busca justicia”
Es un viernes por la tarde en la ciudad de Oaxaca, abrazada por un sol intenso. Las miradas de los paseantes se centran en una joven que camina con fuerza y seguridad. Es María Elena Ríos Ortiz, quien porta un huipil de flores que enmarcan con suavidad las cicatrices que el ácido sulfúrico dejó en su piel, pues hace tres años sobrevivió a un ataque con ácido que pretendía terminar con su vida.
Desde el 9 de septiembre de 2019, María Elena abandera su propia exigencia de justicia, pero también la lucha de muchas otras mujeres que han vivido de cerca la violencia feminicida. “¡Estamos contigo, Malena, te queremos!”, se escucha a lo lejos. Ella responde y agradece.
“Muchas mujeres me escriben y me piden ayuda, consejos, quizá es porque algo estoy haciendo bien”, señala tímidamente. No obstante, lamenta que se tenga que pedir ayuda a otras víctimas, porque las instituciones no funcionan.
La lucha no ha sido fácil, admite. Desde el día en el que fue atacada por dos desconocidos en su casa, en Huajuapan, ha recibido tres cirugías e innumerables tratamientos dermatológicos para recuperar la funcionalidad de su cuerpo y buscar la apariencia que tenía antes del intento de feminicidio.
“No es vanidad. Claro que yo quisiera estar como estaba. Esto no fue un accidente. A veces como sobrevivientes queremos minimizar la violencia, pero la verdad es que me quisieron matar”, dice en entrevista sobre los tratamientos que tiene que seguir, los cuales son muy costosos.
“Las mujeres agredidas con ácido no los podemos solventar, quedamos primero en hospitalización y estamos en tratamientos constantes, no solamente las cirugías, sino tratamientos que se realizan mínimo cada 15 días. Son dolorosos, costosos, pero efectivos”, dice.
Los tratamientos, explica, consisten en quemaduras con láser que dejan a las pacientes imposibilitadas por más de una semana. “Además, es revivir la experiencia de sentirte nuevamente quemada y la impotencia de que no había necesidad de vivir con tanto dolor”.
De acuerdo con un sondeo hecho por este medio, una consulta dermatológica general cuesta entre mil y mil 800 pesos, mientras que los tratamientos llegan a los 70 mil pesos, por hora de láser con anestesia general. A ello se suman los costos de los medicamentos tópicos para dar continuidad al tratamiento. Un sólo tubo de pomada cuesta hasta más de 2 mil pesos.
Además, las víctimas de la llamada “violencia ácida”, que según organizaciones en México son al menos 31 mujeres, experimentan estrés postraumático. En el caso de María Elena, a mil 95 días del ataque, las noches de tranquilidad no han regresado. Sobresaltos al dormir, estrés y falta de sueño, son parte de una cotidianidad con la que ha aprendido a lidiar.
Según la organización Acid Survivors Trust International (ASTI), las sobrevivientes de ataques con ácido sufren enormes traumas físicos y sicológicos, pues la mayoría de las agresiones están dirigidas a la cara y la recuperación es larga, compleja y muy dolorosa, tanto a nivel físico como mental.
“Los perpetradores buscan avergonzar a sus víctimas, empujándolas a un aislamiento social extremo al desfigurarlas. Al desafiar a sus atacantes, las sobrevivientes muestran una fuerza, coraje y dignidad increíbles”, afirma la organización.
Datos de la Fundación Carmen Sánchez, dedicada a visibilizar a las víctimas de “violencia ácida”, indican que de las 31 mujeres de las que se tiene registro que han sido atacadas con ácido desde 2001, seis perdieron la vida. Además, alertan un aumento de este tipo de ataques, pues mientras que en años anteriores el promedio era de dos, 2021 registró siete casos. El de María Elena, originaria de la Mixteca, es el primero que se documenta en Oaxaca.
Justicia que no llega
Además de los procedimientos médicos periódicos, María Elena asumió la responsabilidad de su proceso legal, con la asesoría de la abogada Diana Cristal González Obregón.
Sobre el tema, organizaciones feministas apuntan que sólo 5% de los casos de violencia contra mujeres logra una sentencia.
“En su momento fui víctima de violencia, pero ahora me considero una sobreviviente que busca justicia. Visibilizar mi caso es mi forma de garantizar mi vida y mi seguridad, también la de mi familia”, añade.
A María Elena, el ataque la dejó imposibilitada para continuar su vida laboral e, incluso, familiar, pues la mayoría de sus procedimientos son fuera del estado. “Atender el proceso implica gastos de transporte, comida, comparecencias y situaciones que me han impedido retomar mi vida”, lamenta.
El pasado 25 de agosto, el gobierno de Oaxaca compartió cifras e información, que Malena aseguró son falsas, sobre los apoyos que ha destinado a sus tratamientos, mismos que le corresponden, según la Ley General de Víctimas, y que incluye su atención médica y sicológica.
Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la recomendación 28/2022, reconoció a María Elena como víctima y exhortó al gobierno a garantizarle la reparación total del daño.
La postura gubernamental desató señalamientos contra la joven, quien asegura entender que hay gente muy sensible a la manipulación mediática. “Mi papá me dijo un día, no le tengas resentimiento a la gente, los comentarios que tratan de dañarte tómalos con compasión y ternura”, ese consejo, recuerda, intenta aplicarlo para entender que la mayoría no es empática hasta que vive de cerca algún hecho de violencia.
Sobre su proceso legal, María Elena indica que no va ni a la mitad. Actualmente, el autor intelectual del intento de feminicidio en su contra, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal está amparado, por lo que el proceso no avanza. En el camino se ha enfrentado a discriminación, revictimización y corrupción por parte de jueces y servidores públicos; mientras que Juan Antonio Vera Hernández, hijo del político y quinto implicado, continúa prófugo.
“El propio fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, me dijo que no puede detener al quinto implicado en mi ataque, porque no quiere meterse en problemas, que el tema es una papa caliente que nadie la quiere, porque ellos son muy poderosos”, sostiene.
Pese a los obstáculos, Malena recuerda que desde muy niña, sus padres le inculcaron defenderse ante lo injusto. “Y eso es lo que he hecho”, agrega.
A tres años del ataque, la joven afirma contundente: “Sigo siendo la misma, pero ya no soy superficial. Mi primer shock cuando me echaron el ácido fue pensar que ya no iba a ser bonita… ahora me siento muy guapa, aunque tenga las cicatrices. Aprendí a amarme, a aceptar mis cicatrices… son la prueba de mi existencia”, finaliza.
