Crónicas de la ínsula/Cuauhtémoc Blas
Fue oportuna la decisión de que no hubiera paridad en la elección de mujeres y hombres en los municipios de usos y costumbres (uyc), en los comicios que están en proceso en Oaxaca. No es sensato incluir este elemento de avanzada femenina en un régimen con aún abundantes características de la Colonia española, cuando los uyc fueron creados por la Iglesia para la sujeción de los pueblos indígenas.
Quienes dicen que es un régimen indígena milenario o precolombino, mienten. Igual que al cambiarle el nombre de uyc a sistemas normativos internos y luego indígenas, para dar la impresión de grandes avances.
Algo se ha avanzado, pues, aunque hoy la mujer todavía no destaca por su gran presencia en los uyc, en muchos de los 417 pequeños municipios indígenas ya ha logrado participación, y hasta en algunos pocos casos ser presidenta municipal.
Hay quienes, sin atender la realidad actual, sin un diagnóstico, proponen que se le dé más autonomía de la que ya tienen constitucionalmente; un proponente lo pide a plenitud, esto es: que ni siquiera los regule alguna autoridad electoral formal e incluso ¿jurisdiccional?
Quienes detentan el poder en esos pueblos no solo han ejercido ese poder de facto, como han querido. En los archivos oficiales consta una gran cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos de esas autoridades, que si le dieran importancia sería un escándalo.
Quienes proponen darle más poder al poder, no ignoran la terrible violencia que se da ahí, no quieren verlos pues sus anacrónicos esquemas con sus categorías indigenistas se vendrían abajo. Ni epistemológica ni metodológicamente tienen sostén.
Parten de conceptos grandilocuentes para exigir acciones importantes, pero estas deben ir acompañadas de mínimos antecedentes, sobre todo, de lo actual de la “cosa”, pues como dice Foucault: “Las palabras no son las cosas”. Y menos esas palabras viejas y míticas.
Sería larga esta discusión, pero mejor seamos didácticos: hoy, muchos de esos municipios están peor en cuanto a respeto a derechos políticos (humanos). Acorde a la decadencia social de Oaxaca, de la agudización de los problemas desatendidos y hasta prohijados por los malos gobiernos estatales. Sería muy extraño que mientras la vida política y social de la entidad es cada vez más crítica, los pueblos de uyc, cual si vivieran aislados en una burbuja, estuvieran salvos de tal entropía. La violencia ahí es ominosa.
Amenazas, asesinatos, despojo, extorsión
Esta semana en San Martín Itunyoso, en plena asamblea comunitaria mataron a un expresidente municipal. Otro caso es la acusación de despojo de tierra, de ganado, extorsión (un millón de pesos) y expulsión (destierro) de familias de Santiago Progreso por parte de San Pedro Ozumacín. Diez personas están cuasi secuestradas por este conflicto desde hace semanas.
La mayoría de las mujeres que tienen la desgracia de ser designadas (o cuando las obligan) a tener un cargo sin vivir en la comunidad o no poder por diversos motivos, son violentadas duramente. Entre tantos casos destacan los de mujeres que son sacadas del cabildo por embarazarse y “dar ese mal ejemplo”.
En 2019, una mujer de Santiago Jocotepec, Choapam, denunció que la asamblea de Arroyo Tinta la eligió como policía topil, cargo que no puede desempeñar, pues por la mañana cuida de sus hijos y por la tarde trabaja. Solicitó que le impusieran la multa que pagan quienes no pueden realizar el servicio, pero autoridad y asamblea decidieron sacarla de su casa y tomar esa casa como patrimonio de la localidad.
Detenciones arbitrarias y violentas, destierro, despojo, cuasi extorsión y extorsión, son delitos comunes de los ayuntamientos en muchas de esas poblaciones. Les llamamos cuasi extorsión cuando son multas improvisadas de hasta dos mil y cuatro mil pesos; extorsión cuando son de cinco, 10, 50 y hasta más de 100 mil pesos o el despojo de sus casas y terrenos. Estos hechos los documentaremos después, con más espacio, pues es lo que urge atender.
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