Desde octubre de 2021 hasta enero de 2023, la Compañía Minera Cuzcatlán no cuenta con los permisos ambientales ni la licencia social de las comunidades, aseguró el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos.
En un comunicado, afirmó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió retirar el permiso otorgado de manera irregular, “por lo que, desde octubre de 2021 hasta enero de 2023, el proyecto minero no cuenta con los permisos que dicta la legislación ambiental. Desde hace cuatro meses el proyecto minero San José opera en completa ilegalidad”.
Asimismo, acusó que la empresa minera Cuzcatlán utilizó el tráfico de influencias y la corrupción para obtener permisos ambientales de la Semarnat y que esa estrategia fue operada por diputados federales y funcionarios de la dependencia encargada de la protección del medio ambiente.
El pasado 13 de enero de 2023, la compañía minera aseguró que derivado de la notificación recibida por la Semarnat a inicios de 2023, en torno a la intención de evaluar la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) “otorgada legal y correctamente en diciembre de 2021”, no afecta las actividades cotidianas de la Compañía.
“Por lo que confirma que la Unidad Minera San José, ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, está operando con normalidad”.
La minera también apuntó que Fortuna Silver Mines, comunicó el pasado 5 de enero de 2023, que su Unidad Minera San José que opera a través de su subsidiaria Compañía Minera Cuzcatlán, cumple plenamente con todas las leyes ambientales vigentes, por lo que ha manifestado su inconformidad y está tomando las medidas legales para proteger a sus más de mil 200 colaboradores, a una cadena de valor compuesta por más de 600 empresas, 150 de ellas originarias de la zona, así como una derrama anual superior a los 600 millones de pesos que beneficia a más de 30 mil personas en los Valles Centrales de Oaxaca.
El Frente No a la Minera insistió que a pesar de las evidencias entregadas por las comunidades afectadas por contaminación ambiental y en pleno proceso de diálogo con la dependencia federal, en diciembre de 2021, mediante un comunicado oficial dirigido a sus inversionistas, la empresa minera dijo que: “se complace en anunciar que la SEMARNAT ha otorgado una extensión de doce (12) años de la autorización de impacto ambiental (“EIA”) en la Mina San José, ubicada en Oaxaca, México”.
“No obstante, los permisos entregados carecieron de un análisis técnico profundo, transparencia y falta de legalidad, ya que una extensión de la MIA original no se encuentra permitida en las leyes ambientales vigentes. Es importante mencionar que en dos ocasiones previas, dichos permisos fueron negados porque el proyecto ‘no consideraba los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales… no muestra la totalidad de los impactos generados’ y la compañía ‘violentó el derecho humano a un ambiente sano de las comunidades’”.
La compañía, por su parte, mencionó que en 11 años de operación, ha sido inspeccionada 15 veces por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y que ha registrado dos inspecciones por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), quienes en ninguna de sus diligencias ha han dictaminado hechos y/o indicios de contaminación en el sitio o derivados de la operación de la Mina San José.
El Frente No a la Minería dijo que continuamente han sido difamadas y presionadas por la compañía minera para obtener la licencia social del proyecto minero, y que la empresa ha violentado la legislación ambiental vigente en el país.
“La empresa minera debe ser sancionada de acuerdo con las leyes vigentes por tráfico de influencias y corrupción.
También reprobó al gobierno federal las declaraciones públicas en torno a la “bondad” de los proyectos mineros canadienses, en el caso de Fortuna Silver Mines se ha comprobado la contaminación irreversible al medio ambiente, además de generar división y violencia en los Valles Centrales de Oaxaca. Exigimos la cancelación inmediata del proyecto minero “San José” por violentar las leyes del país.
Y reiteró su exigencia a la Semarnat para negar los permisos ambientales requeridos: la extensión de la MIA original y la MIA actualización de obras y actividades.
“No existe ninguna figura legal para extender una MIA, además, minera Cuzcatlán construyó 75 obras irregulares sin autorización previa de la dependencia”.
Finalmente, expresó a los inversionistas que la empresa minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines “utiliza la corrupción y la división comunitaria, su acción irresponsable ha propiciado el asesinato de defensores comunitarios, además de utilizar grupos de choque para amenazar a las autoridades locales que defendemos legal y legítimamente nuestro territorio ¡los negocios sucios no son negocios”.
