Desde el inicio de la administración de Salomón Jara Cruz y hasta el pasado lunes 24 de abril, se han registrado 342 casos de violencia en contra de las mujeres, 44 de ellas corresponden a delitos sexuales, 202 a reportes de desaparición, 51 feminicidios, 5 suicidios y 40 casos de violencia familiar.
De este total, el 40 por ciento de las agresiones, es decir 137, ha sido contra niñas y adolescentes. Esto, de acuerdo con el registro hemerográfico de la Plataforma de Violencia Feminicida (PVF) de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
Si bien en todas las categorías de violencia feminicida se han registrado agresiones contra niñas y adolescentes, la incidencia en la categoría de desapariciones es la más elevada para este grupo de edad.
De estas 137 agresiones contra niñas y adolescentes, 10 corresponden a delitos sexuales, 118 a reportes por desaparición, 5 a feminicidios, 1 suicidio y 3 casos de violencia familiar.
Respecto a los 5 feminicidios de menores de edad, a través de esta Plataforma es posible conocer que una de ellas tenía 3 años, otra de 7 años, una más de 9 años y dos jóvenes de 17 años.
En tres de los casos el agresor fue el padre y en dos de ellos, fue una persona desconocida. Asimismo, tres de esos casos se registraron en la región del Istmo de Tehuantepec: dos ocurrieron el municipio de Matías Romero y uno en Juchitán de Zaragoza; otro más se registró en Oaxaca de Juárez en la región de los Valles Centrales y otro en el municipio de San Pedro Atoyac, en la región de la Costa.
Cabe destacar que el estado de Oaxaca tiene decretada la Alerta de Género en 40 municipios desde el 30 de agosto del 2018, entre los que se encuentra precisamente Matías Romero, Juchitán de Zaragoza y Oaxaca de Juárez.
Esto deja de manifestó que a 5 meses de haber iniciado la administración de Salomón Jara Cruz, los feminicidios no sólo siguen incrementándose en total impunidad, sino que cada uno de los casos registra una mayor saña y crueldad que el anterior, sin que a la fecha se haya dado a conocer el Plan Estatal de Desarrollo, ni que se conozcan los presupuestos etiquetados para la atención de niñas, niños y adolescentes.
Y sin que se haga público el programa de atención a niñas y niños que han sido víctimas de agresión, o de atención a la niñez en orfandad.
Aunado a la indiferencia institucional y al amparo del Ejecutivo Estatal, quien con su omisión como gobernante en turno ha perpetuado una política de Estado que no solo olvida y revictimiza a mujeres, adolescentes y niñas, sino que solapa la violencia de género.
