El Frente No a la Minería “Por un futuro de todas y todos” denunció que la Procuraduría Agraria, a través de la visitadora agraria Miriam Reyes Carmona y el Jefe de Residencia en Miahuatlán, Amaury Fernández Alvarado, han detenido en diversas ocasiones actas de asamblea de nombramiento de autoridades y generado documentación agraria errónea.
Lo anterior, aseguró, con la finalidad de retener los procesos de acreditación e inscripción de actas de nombramiento para favorecer a Fortuna Silver Mines. Los ejidos mayormente afectados por esta situación han sido Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes y el Vergel.
Estos ejidos, explicó, se encuentran alrededor del proyecto minero, los cuales en los últimos meses han enfrentado un acoso permanente por parte de la empresa para aceptar la “ampliación del proyecto”.
“En la comunidad de Monte del Toro, la visitadora agraria ha querido dividir al ejido, intentando convencer a las y los ejidatarios en asamblea general de los beneficios de la división; de igual forma ha intentado convencer a ejidatarios por separado para generar certeza jurídica para el proyecto minero de oro y plata”, afirmó.
Mediante un comunicado, el Frente sostuvo que estas acciones violentan fehacientemente el marco legal de la Procuraduría Agraria consistente en “promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas”.
En el escrito, sostuvo que lejos de promover la defensa de los derechos de las y los ejidatarios, la Visitadora Agraria promueve los intereses de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.
“La empresa minera por su parte, ha visitado a través de su oficina de “relaciones comunitarias” diferentes comunidades y municipios de la región prometiendo apoyos y bondades del mismo, desacatando la decisión de las comunidades de Valles Centrales que hemos dicho: Sí a la Vida, No a la Minería”.
Esta organización advirtió nuevamente que la problemática del agua se ha recrudecido preocupantemente en los últimos años, así como el impacto generalizado del proyecto en el medio ambiente, principalmente en la emisión de polvo y ruido y afectado la calidad del paisaje de la región.
Además, mencionó que junto a las afectaciones del proyecto minero, en los últimos meses han sido testigos de la invasión de monocultivos de maguey en la región, profundizando la grave problemática del agua. San Matías Chilazoa y Magdalena Ocotlán.
“Principalmente hemos sido invadidos por empresas del mezcal, quienes no acudieron ante las asambleas respectivas para tomar una decisión conjunta, sino que, violentando nuestro derecho a la libre determinación, realizaron convenios con cada ejidatario o ejidataria.
“Las autoridades agrarias de los ejidos nos deslindamos de las afectaciones que puedan generar dichos monocultivos en los territorios y de la “certeza” de la inversión, misma que puede perderse en nuestros territorios al no contar con el consentimiento de las asambleas”.
