Por Rodrigo Islas Brito
“Hay una disputa militar y económica en México, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿como vamos a construir un tipo de seguridad que contrarreste eso, en el que las personas podamos vivir sin que seamos torturadas, asesinadas o desaparecidas?”, precisa la defensora de derechos humanos, Clemencia Correa, en mesa redonda celebrada en la ciudad de Oaxaca, a propósito del encuentro “Construyendo en colectivo caminos hacia la paz con justicia”, acontecido en el marco de la segunda reunión del programa Servicio Civil para la Paz, conformada por más una veintena de organizaciones defensoras de los derechos humanos de México y el mundo.
“¿Como podemos nombrar lo imposible?”, cuestiona Correa, de la organización Aluna, Acompañamiento Psicosocial. Explica que nos encontramos en el segundo encuentro de este programa, cuyas organizaciones participantes se han venido reuniendo en un proceso de más de cinco años. El primer encuentro se celebró en Chiapas el año pasado. En la misma mesa de discusión que Correa, se encuentran Enrique Martínez, de la organización defensora Fray Juan de Larios, de Chihuahua, Diana Lepe, de Servicios y Asesoría para la Paz, de la ciudad de México, y Carlos Ordaz, del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, de Chiapas.
Las y los defensores se muestran de acuerdo de que hoy en México se está dando un agravamiento de la violencia sociopolitica en un contexto macrocriminal , sobre lo que la pregunta ¿que es construir la paz en contextos de violencia?, se vuelve urgente y necesaria. Ante eso, la defensora Lepe, observa que hoy la situación de Oaxaca muestra una estrategia de seguridad dispersa y errónea frente a un crimen organizado cuya la violencia se incrementa.
“Está la exacerbación que de la violencia se está generado en los tejidos comunitarios derivado de los megaproyectos. A esto se suman el cierre de espacios de dialogo, el hecho de que hoy en Oaxaca las iniciativas ciudadanas se encuentren detenidas o con poca capacidad de implementación ,
y también como en todo el país, está el tema del acceso a la justicia y el como hoy parecen estarse generando todas las condiciones para que este no se de más”, declara Diana Lepe.
“En el sur, tanto en Oaxaca como en Chiapas, siempre ha habido desplazamiento forzado, al que ahora se le suman nuevas características, mas deshumanizantes, con condiciones de vida mucho más vulnerables y mucho más invisibilizadas. Incluso en Chiapas no hay una política contra el desplazamiento forzado ni una visualización de que está pasando”, apunta por su parte Correa, haciendo patente que el gobierno morenista de Rutilio Escandón a estos infiernos “los está negando o los está ocultando”.
La colombiana nacionalizada mexicana explica que el tema migratorio se está dando en México de sur a norte, con una particular atrocidad en el trato a los migrantes, profundizándose en ellas y ellos la tortura, la violencia sexual y una deshumanización perpetrada bajo las condiciones más vulnerables y hostiles. “Los migrantes hoy son objeto de trata, de trafico de órganos, del advenimiento de una nueva esclavitud moderna de trabajos forzados y prostitución sexual. Oaxaca juega un rol estratégico principal en todo esto. Es el sur, es la entrada”, puntualiza la defensora.
Se les comenta a las defensoras y defensores que desde el gobierno federal existe una negación de esta violencia, donde el presidente de México todas las mañanas dice que esta no es para tanto o que es privativa de unos cuantos lugares. ¿Que hacer frente a un gobierno negacionista de la guerra extrema que se está viviendo en México? ¿ Cuales son los caminos para las organizaciones defensoras de derechos humanos para poder cumplir verdaderamente con su labor?
Al respecto el defensor chiapaneco Carlos Ordaz apunta también sobre el gobernador de su estado, Rutilio Escandon. “No solo el gobierno federal, en Chiapas el gobierno del estado lo ha venido negando todo , a las y los defensores esta negación nos coloca en un riesgo constante. Hay mucha difamación en contra de personas defensoras y de familiares sobrevivientes de desaparecidos y o de victimas de violencia extrema. No se puede hablar de una política que busque atender las condiciones de violencia y de marginación estructural en la que estamos, si partimos por no reconocer lo que realmente está pasando en los territorios”, expone el entrevistado.
Ordaz precisa que sobre este comprometido escenario, los diálogos entre los pueblos y las comunidades
resultan fundamentales en su fuerza de cohesión y acción. “Si invisibilizamos la realidad ni siquiera podemos saber bien lo que está pasando, ni plantearnos una estrategia para enfrentarlo”, observa Carlos, expone que construir puentes de dialogo , de reflexión y acciones encaminadas a la construcción de paz, es hoy el único camino posible.
Por su parte el defensor Martínez, de Coahuila, observa la negación sistemática del estado sobre el de violencia que azota al país, va ligado al tema de impunidad, la cual no solo abarca al poder judicial y los actos que supuestamente investigan y sancionan, sino que va ligado directamente a que la gente ya no denuncie, ni espere una sentencia, ni crea que existe ya la justicia.
“En México cada vez se están dando más casos de conflictos internos que en derecho internacional ya pueden ser calificados como situaciones de guerra”, acota Enrique Martínez. Ejemplifica que en su natal Chihuahua existen 4 sentencias en materia desaparición y 154 personas desaparecidas. Dice que si no atacamos esta impunidad llamada feminicidios, homicidios, desaparecidos, el poder luchar contra ella en el futuro, se pondrá cada vez más difícil.
Diana Lepe reflexiona que en los procesos de defensa de derechos humanos, la ONG para la que trabaja nunca se ha encontrado con la existencia de una orden directa federal de atacar y violar algún derecho. “Pero lo que si sabemos es que hay un macrocriminalidad inserta en lo local, en las policías, en las autoridades municipales, e incluso en integrantes de la propia Guardia Nacional y Ejército Mexicano que se posesionan en ciertos lugares de interés criminal y que sirviendo o no sirviendo al crimen organizado, al final violan los derechos humanos de la población civil. Ahí existe una responsabilidad estatal, y sobre todo una responsabilidad institucional que se tiene que asumir”, expresa la defensora. Asegura que eso que todo el mundo sabe pero no admite que sabe , es lo que tiene que concentrar hoy toda nuestra batería social.
Clemencia Correa cree por su parte, a manera de seguir adelante, que hoy resulta fundamental acompañar los efectos psicosociales de tanta y tan cercana violencia. Atacar esa normalización en la que hoy miles de personas puedan seguir tomando su café mientras a unos metros se escuchan que dos bandos se están enfrentando a balazos. “Si los desaparecidos y asesinados se vuelven cifras normales para nosotros, estamos normalizando la violencia y si hacemos eso simplemente no tendremos formas de actuar frente a ella . El impacto del miedo,del terror , lleva a un silenciamiento donde las personas no denuncian y no se organizan”, expresa la defensora.
“Lo que hoy nos planteamos como un reto es como afrontar el miedo para que se pueda reconstruir la confianza, los lazos para que se puedan generar proyectos para que periodistas y personas defensoras continúen con su labor y que incluso las comunidades sigan defendiendo su territorio. Y es que lo que debe quedarnos más o menos claro es que si las comunidades y las organizaciones tienen miedo y desconfianza en lo que viene,va a ser muy difícil continuar.”, apunta Clemencia
Considera que la reconstrucción de un tejido social frente a practicas criminales barbáricas y desatadas que llevan a una deshumanización total , es lo que hoy debe empezar a ocuparnos. En el como crear condiciones de vida dignas en un contexto en el que la violencia solo va aumentar, en el como se tendrán que empezar a defender las comunidades ante una embatida armamentista de los grupos criminales.
“¿Se arman? No, porque estarían en la misma lógica de violencia que solo la aumentaría,
¿se desplazan? Es lo que está pasando ¿como te quedas a defender tu territorio y creas las condiciones para hacerlo? No es nada fácil planear eso frente a un poder asimétrico, con actores con un poder económico, político y militar total. Sabemos de la alianza que tiene el crimen organizado con las mineras y sectores del Ejército, de entes criminales que están llegando con sus intencionalidades de narcotráfico o trata de personas frente a comunidades que no tienen armas, ni poder económico y que tenían un poder político que ya no tienen más”, diagnostica Clemencia Correa.
“Los carteles tienen intereses regionales, en México , en Colombia. Tenemos que seguir caracterizando a estos actores, cuales son sus intereses y cuales son sus apuestas, porque hoy el poder económico y militar que tienen, trascienden incluso propuestas de paz y propuestas de derechos humanos que teníamos hace unos años. Podemos tener medidas de seguridad o de paz que no alcancen a corresponder a las estructuras que están trabajando. Si no sabemos nombrar lo que sucede , no sabemos donde estamos”, reflexiona Correa.
Enrique Martínez, de Chihuahua , mira hoy a Oaxaca en su proceso delincuencial en los zapatos de la ciudades norteñas del país de hace unos lustros.”Esta clase de dinámicas criminales de control ya las viví hace veinte años”, expresa. Diana Lepe asegura que hoy en medio de una violencia como la que vivimos, el confiar en alguien para reconstruir algo, es complicado. “En lugares donde la violencia se ha desbordado el nivel desconfianza es brutal y el tan solo platicar con el otro se vuelve un sin sentido”, expone la defensora. Subraya que hoy lo que rifa es lo contrario, que hoy la estrategia debe ser acercarse al otro. “En colectividad no solo se comparte la frustración y el miedo, sino también las posibilidades creativas de salida”, sostiene la representante de SEDAPAZ
