Servicios para una Educación Alternativa (Educa) informó que Oaxaca es el estado del país con el mayor número de personas defensoras asesinadas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; en el gobierno de la Cuarta Transformación, precisó, suman con 41 personas asesinadas.
Mientras que, desde diciembre de 2018 hasta octubre de 2023, Guerrero son 29 asesinatos de personas defensoras, 28 en Michoacán y 14 en el estado de Chiapas.
A esto se suman las agresiones contra personas defensoras y colectivos u organizaciones defensoras. La criminalización es la agresión más denunciada en el estado de Oaxaca, donde aseguró que los agresores principales son el gobierno estatal y municipales; 24 personas defensoras y 12 colectivos/organizaciones fueron criminalizados durante este año.
Con un total de 54 eventos (agresiones) registrados en Oaxaca, destacó la región del Istmo con 46 agresiones que van desde el hostigamiento, criminalización, hasta agresiones físicas y asesinatos.
En el conjunto de agresiones, los principales agresores denunciados son autoridades estatales con el 44% de los casos y autoridades federales con el 22%, en las que la Marina y Guardia Nacional son actores denunciados principalmente en el Istmo en el marco de la imposición del proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
La organización Educa apuntó que en los cinco años de López Obrador, registraron 200 atentados a la vida contra personas defensoras, y esas agresiones incluyen desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, y concuerdan con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
“En este escenario, 176 personas defensoras fueron asesinadas, 20 personas defensoras permanecen en calidad de desaparecidas y 4 aparecieron con vida”, señaló.
También aseguró que la seguridad comunitaria es el derecho con mayor riesgo en el país con 32 asesinatos y 10 desapariciones, “producto de la estrategia de seguridad fallida de gobiernos anteriores y gobiernos actuales de los tres niveles, la violencia contra personas defensoras se agrava en contextos de inversión y megaproyectos en el país, principalmente por minería”.
En comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo que las agresiones contra personas defensoras y sus organizaciones, comunidades y procesos colectivos son una constante, y que los niveles de impunidad se mantienen, no hay justicia para las personas defensoras agredidas.
“Lejos de garantizar el derecho a defender derechos, el Estado mexicano continúa criminalizando su labor en los tres niveles de gobierno”.