Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta agosto de 2021, han muerto 557 civiles a manos de militares y 95 han resultado heridos, según el Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México.
El documento elaborado por la organización Causa en Común también advierte que de diciembre de 2018 a junio de 2021, el Ejército Mexicano acumulaba 914 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a derechos humanos, mientras que la Marina acumulaba 341.
Por su parte, la Guardia Nacional acumulaba 487 quejas, a pesar de haber iniciado operación a mediados de 2019.
Las tres instituciones sumaban mil 742 quejas que incluyen casos de supuestas torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias.
Amnistía Internacional señala que “las Fuerzas Armadas tienen más probabilidad de abusar de los detenidos que la policía federal, estatal o municipal”, pues cerca del 88% de las personas detenidas por la Armada, y el 86% de las detenidas por el Ejército se han quejado de tortura y otros abusos.
“Cabe recordar que desde que las Fuerzas Armadas sirven de “barrera de contención” de migrantes son recurrentes los abusos de autoridad”, señala Causa en Común.
Para esta organización la Guardia Nacional empezó con una mentira porque en sus campañas presidenciales de 2012 y 2018, López Obrador había asegurado que retiraría de las calles al Ejército y la Marina, y la reforma que dio origen a la Guardia Nacional estipula que debe ser una corporación civil.
Sin embargo, a más de dos años de su creación, es claro que se trata de una corporación militar dirigida por las Fuerzas Armadas. Además, el actual gobierno ha incrementado, como ningún otro, la presencia y el poder de las Fuerzas Armadas no solo en tareas de seguridad pública, sino en muchas otras que tampoco les corresponden.
Causa en Común advierte que la militarización corre en detrimento de las policías locales, con estancamientos presupuestales o mermas de recursos, además de la incorporación de personal militar en puestos directivos.
Asimismo, sostiene que los incrementos en presupuesto, combinados con la opacidad tradicional de las Fuerzas Armadas, incrementan el riesgo de corrupción.
Y finalmente, se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos; este protagonismo podría generar fricciones al interior de las Fuerzas Armadas y, la militarización y el militarismo no son compatibles con un sistema democrático.
