Cuauhtémoc Blas
El problema en las agresiones contra los periodistas no es por falta de leyes, es porque estas no se cumplen; el problema es la impunidad. Para detener esta tendencia, urge el castigo a los infractores y la reparación del daño. Cumplir lo anterior es responsabilidad de los gobiernos. Sirve para ilustrar un poco la situación que viven los comunicadores el “Breve Diagnóstico de la Situación del Periodismo en Oaxaca”, realizado en mayo de 2019. Hay que añadir las agresiones recientes a los periodistas. https://n9.cl/m7b1a
Si el gobierno de Alejandro Murat quisiera de verdad apoyar a los periodistas, ya se habría investigado si en el asesinato de Heber López en Salina Cruz hay un autor o autora intelectual. Asimismo, ya estarían informando de las investigaciones del asesinado de otro periodista istmeño sucedido el año pasado, Gustavo Sánchez. Y de varios casos más periodistas desaparecidos o agredidos en este sexenio.
¿Otras legislaciones sin aplicación?
Establecer agravantes a los delitos contra los comunicadores, por la importancia social de su labor, sería útil, pero siempre y cuando se revierta la impunidad. De otra forma, esas legislaciones solo habrán de engrosar el legajo de disposiciones jurídicas inútiles al no aplicarse, igual que las ya existentes. Más del 90 por ciento de casos sin aclarar, sostienen lo anterior.
Un fideicomiso para apoyar a los periodistas agredidos, tampoco sobra, serviría ante hechos consumados de compañeros agredidos, y como apoyo a sus familias, pero lo que ya no queremos es que haya necesidad de eso. Lo urgente es que no haya más agresiones ni periodistas asesinados. Eso es lo central. El fideicomiso no impedirá que haya más caídos.
Ni “relegislar” ni la creación de Fiscalías especiales de atención a periodistas han sido eficaces. La segunda experiencia ya se tiene en Oaxaca. El 3 de agosto de 2017, en un Extra del Periódico Oficial del Gobierno de Oaxaca se publicó el acuerdo: Por el que se crea la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, la cual se adscribe a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. https://n9.cl/6g0uz
Ineficacia de Unidades o Fiscalías para periodistas
En ese mismo año quien escribe estaba al frente de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), y desde ahí se constató la tomada de pelo que fue esa Unidad Especializada. Lo vimos con el caso de Aisleth Alcocer y su equipo de NCA Tuxtepec, agredidos el 25 de julio de 2017. Se hizo la demanda con abogado y todo, pero nunca la vicefiscalía inició la averiguación.
Otro caso fue el de Rufino Feria Bautista en Pinotepa Nacional, agredido por taxistas del PRI, y que tampoco resolvió la Fiscalía estatal, El fiscal Vasconcelos ordenaba, pero no le obedecían. Otro problema: que no se podía tratar con quien realmente mandaba en la Fiscalía General.
Volviendo al acuerdo de marras, con nueve artículos y cuatro transitorios, establecía en el artículo quinto la creación de un Consejo Consultivo para: “Fungir como instancia permanente de consulta de la Fiscalía General en esta materia (…) Estaría integrado por un consejero Presidente y otros seis consejeros…” Duraría dos años. Nunca se integró dicho Consejo.
Una vez que amainó el ruido por la muerte de Javier Valdez y Miroslava Breach, que hizo reunir al presidente Peña Nieto con todos los gobernadores en ese 2017 —e hizo que Alejandro Murat fuera el primero del país en crear su Unidad Especializada de papel—, cesó la simulación.
Por eso, extraña que grupos de periodistas de Oaxaca acepten lo anterior en vez de pedir, como primer y esencial punto, el cese de la impunidad. “No es burocracia lo que necesitamos, sino el cumplimiento de las leyes, la acción de la justicia, el cese de la impunidad, el ejercicio del Estado de derecho” (Diagnóstico 2017).
Además, crear una oficinita y dejar que los mismos Ministerios Públicos de las regiones, con sus mismos policías atiendan las agresiones, no tiene caso, es exactamente lo mismo que hoy. Se necesitaría una Fiscalía semejante y paralela a la General del Estado, con funcionarios y policías investigadores nuevos, no viciados, para evitar que los ineficaces de hoy sigan prodigando la misma impunidad.
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