La probabilidad de que las personas tengan acceso a la justicia en el estado de Oaxaca es menor al uno por ciento y se ubica en la posición 16 de las 32 entidades del país en materia de impunidad, según el informe “Entre el PRI y Morena: retrocesos, impunidad y simulación”.
La justicia ordinaria impartida por instituciones de procuración y administración de justicia, asegura, se caracteriza por falta de independencia judicial, dilación, corrupción, negligencia y falta de personal especializado; factores que generan y perpetúan la impunidad.
“Un ejemplo es el caso de Claudia Uruchurtu desaparecida en 2021, en el que la acusación por desaparición forzada fue reclasificada por la jueza como obstrucción de búsqueda”.
También menciona el caso de Keyla quien fue víctima de intento de feminicidio al ser golpeada, rociada con gasolina y sufrió quemaduras. En 2023, agrega, su agresor fue vinculado a proceso por “alteración a la salud por razón de género” en lugar de “feminicidio en grado de tentativa”.
“Ambos casos dan cuenta de la actuación negligente, sesgada, corrupta, sin perspectiva de género y de la falta de independencia judicial”, señala.
El informe apunta que, frente a esta impunidad, ha crecido el legítimo ejercicio de la protesta social. De 2012 a 2021, explica, la primera exigencia de pliegos petitorios en contextos de protestas en Oaxaca fue la demanda de justicia, y a la par, se ha recrudecido la represión contra quienes ejercen este derecho.
