Por Deimos Sánchez
Pobladores de 11 comunidades de la región de los Valles Centrales de Oaxaca, exigieron respeto a sus derechos territoriales, luego de acusar desacatos cometidos por el gobierno federal y la compañía Minera Cuzcatlán, filial de una empresa canadiense, ubicada en San José del Progreso, Oaxaca.
En conferencia de prensa ofrecida este día, los integrantes del «Frente No a la Minería, por un Futuro de Todas y Todos», aseguraron que la minería sigue operando de manera «clandestina» y afectando desde hace más de una década los recursos naturales del Valle de Ocotlán.
Asimismo, señalaron que a partir de una serie de desacatos cometidos por el gobierno federal y violaciones sistemáticas sus derechos perpetrados por dicha compañía minera, recurrieron ante el sistema de Justicia mexicano para exigir la garantía y respeto a sus derechos territoriales.
Agregaron que desde 2011, en las asambleas comunitarias, determinaron no permitir la expansión territorial de la minera “San José”, decisión para la que buscaron el apoyo de los gobiernos estatal y federal sin embargo, aseguran, que éstos lejos de reconocer, respetar y garantizar sus derechos, promovieron las actividades mineras en sus territorios.
Acusaron que ahora, el juez Emmanuel Hernández Alva, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, determinó la suspensión de plano a las 11 comunidades. Por tanto exigen al Juzgado Primero de Distrito revisión a fondo de las concesiones mineras entregadas sin su consentimiento.
Señalaron también que la situación más grave se dio bajo el mandato de María Luis Albores a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y José Carlos fuentes a cargo de la SEGOB-Oaxaca quienes en pleno proceso de diálogo con las comunidades determinaron otorgar 10 años de explotación comercial a favor de la empresa minera y promover reuniones con directivos de la empresa minera para negociar.
A la conferencia asistieron autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Cerro de las Huertas, Coatecas Altas, San Dionisio Ocotepec, San Martín de los Cansecos y San Nicolás Yaxe.
Ante ello, las 11 comunidades firmantes señalan que por orden judicial la minera mencionada no puede entrar a sus territorios para desarrollar proyectos mineros, ya que las concesiones mineras entregadas por el Gobierno federal se encuentran en revisión por el sistema de justicia mexicano.
Por esa razón, se declararon en alerta máxima frente a cualquier proyecto extractivo y reiteraron que su defensa es y será siempre de manera legal, pacífica y legítima, asimismo, exigen respeto al amparo y a las autoridades, piden respetar la suspensión y garantizar el cierre definitivo del proyecto minero.
