La 65 Legislatura del Congreso del Estado aprobó ayer la renuncia que presentó el 25 de enero de 2023 Bernardo Rodríguez Alamilla a la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para competir y posteriormente asumir ese mismo día el cargo de Fiscal General.
Los diputados aceptaron su renuncia como “de urgencia y obvia resolución” 23 días después de que Bernardo Rodríguez Alamilla, se ha desempeñado como Fiscal de Oaxaca sin haber dejado el cargo de manera formal en la DDHPO.
Según Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Bernardo Rodríguez incurrió en faltas graves al servicio público por ostentar doble cargo público desde el pasado 25 de enero y hasta ayer que finalmente el Congreso del Estado aprobó su renuncia.
El artículo 114, apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en relación con el artículo 12 de la Ley orgánica de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez como titular de la DDHPO, no puede desempeñar otro cargo público a excepción de la docencia y la investigación.
Este hecho, sostuvo, además podría constituir el delito de ejercicio ilícito de Servicio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 207, fracción III del Código Penal del Estado de Oaxaca que establece: Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público el servidor público que: “Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública Estatal y/o Municipal, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a estas y fideicomisos públicos, de empresas productivas del Estado y/o Municipios, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso Estatal y/o Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.
Los hechos:
El 25 de enero de 2023 el aún Defensor de Derechos Humanos Bernardo Rodríguez Alamilla presentó su escrito de renuncia ante el Congreso del Estado.
El mismo 25 de enero de 2023 Bernardo Rodríguez Alamilla fue designado Fiscal General del Estado y tomó protesta al cargo ese mismo día.
El 1º de febrero de 2023, el pleno del Congreso del Estado, en sesión ordinaria, dio cuenta con la renuncia de Bernardo Rodríguez Alamilla, la cual ordenó turnar a la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado para su atención, es decir, la solicitud fue turnada, pero esa renuncia no ha sido aceptada por el pleno.
El 07 de febrero de 2023, la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado, emitió dictamen con propuesta de aceptación de la renuncia de Bernardo Rodriguez Almilla al cargo de DDHPO, proponiendo en consecuencia la ausencia definitiva al citado cargo y a la defensora interina.
Dicha propuesta, conforme a los artículos 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca en relación con el artículo 42 fracción IX del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, deberá ser sometida a votación del pleno del Congreso para confirmar o revocar las propuestas contenidas en el dictamen de la Comisión Permanente de Derechos Humanos; por lo tanto, mientras el Congreso en pleno no avale dicho dictamen, Bernardo Rodríguez Alamilla sigue ostentando el cargo de Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Ante ello, condenó la simulación que ha caracterizado la designación del titular de la FGEO en el Congreso del Estado. «Es indignante que se altere el proceso con la probable comisión de un delito al ostentar Bernardo Rodríguez Alamilla doble cargo en total impunidad.
«Desde Consorcio Oaxaca ya habíamos alertado ante un posible madruguete en la FGEO, el cual finalmente se cumplió. ¡La voz de las mujeres nuevamente ha sido ignorada en esta decisión tan importante!».
La organización rechazó tajantemente su designación al representar la continuidad de la impunidad y el desinterés institucional de su predecesor Arturo Peimbert Calvo y de Rubén Vasconcelos Méndez quien maltrató a las víctimas y que tuvo opacidad en el manejo de la información sobre los feminicidios.
«Insistimos en que Bernardo Rodríguez Alamilla es un personaje gris, indiferente y omiso ante el dolor y la indignación por el asesinato de tantas mujeres oaxaqueñas. Un servidor público cuyo silencio institucional, opacidad e indiferencia marcaron su gestión.
«Repudiamos su designación y nos mantenemos en alerta. ¡No más simulación! ¡No más impunidad! ¡Justicia ya! Exigimos al Congreso del Estado, revisar las violaciones graves al procedimiento que deslegitiman su hacer, al no cumplir con formalidades indispensables para su trabajo en la designación de los órganos autónomos».
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