El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos denunció que en el año 2023 la compañía minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, intentó ingresar al territorio de El Llano, Sitio Santiago, dañando el suelo y diferentes especies endémicas de la comunidad, y utilizando maquinaria pesada sin el consentimiento de la comunidad.
Recientemente, aseguró que actores ligados al proyecto “Monte Albán” de la empresa minera ingresaron nuevamente al territorio de la comunidad y junto con servidores públicos del juzgado de Ocotlán de Morelos para realizar una presunta inspección.
La misma situación ocurrió en la comunidad de Monte del Toro. Según el Frente, la compañía ha querido dividir al ejido con el objetivo de garantizar su ingreso al territorio.
“Estas acciones violentan la suspensión de plano otorgada por el Juzgado Primero de Distrito de Oaxaca, en diciembre de 2023 y garantiza la impunidad con que minera Cuzcatlán ha operado en nuestros territorios”, sostuvo.
La organización informó que la mayor preocupación se centra en nuestras viviendas, ya que están muy cerca del sitio donde pretenden activar la mina “Monte Albán”.
“Tal y como ha sucedido con el proyecto minero “San José”, donde las comunidades vecinas enfrentan una grave crisis por el agua, pretenden generar acciones para reactivar dicho proyecto minero, atentando contra nuestro vital líquido, ya que la comunidad de El Llano únicamente cuenta con un pozo noria el cual, es el único que abastece de agua a la comunidad”.
El Frente manifestó que es ilegal e irresponsable el actuar de la compañía minera Cuzcatlán en la región de Valles Centrales, y reiteró que permitirá la instalación de ningún proyecto minero más en la región.
En un comunicado, pidieron a los gobiernos federal y estatal respetar la decisión de la comunidad El Llano, Sitio Santiago, y al juzgado Primero de Distrito de Oaxaca garantizar los derechos territoriales de las comunidades de Valles Centrales, quienes recurren al sistema de justicia para hacer valer sus derechos y en los que reclaman cancelación de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal sin su consentimiento.
