La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por 15 millones 952 mil 800 pesos en la nómina del Poder Judicial de Oaxaca, según los resultados de la auditoría a la Cuenta de Pública de 2020.
El organismo fiscalizador señaló que el Poder Judicial de Oaxaca deberá aclarar y proporcionar la documentación adicional justificativa y comprobatoria de cerca de nueve millones de pesos “por concepto de rebasar el límite máximo permitido, determinado de acuerdo al cálculo establecido en la normativa , generando una diferencia por arriba del límite permitido”.
También detectó que realizó una ampliación en el rubro de servicios personales por siete millones de pesos, de los cuales no entregaron documentación que comprobara en que se gastaron seis millones 998 mil 100 pesos.
“El Órgano Interno de Control del Estado de Oaxaca inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DCI/IPR.04/2021, respecto de la ampliación en el rubro de servicios personales, de los cuáles, no entregaron documentación soporte, por lo que se da por promovida esta acción”.
El Poder Judicial del Estado de Oaxaca tampoco asignó recursos para cubrir los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020. Actualmente, según una revisión realizada a sus informes oficiales, la deuda asciende a 352 millones 60 mil 190 pesos.
El informe de la ASF revela que el Poder Judicial del Estado de Oaxaca asignó recursos para servicios personales – que se refiere al pago de salarios y prestaciones a los trabajadores – por 881 millones 812 mil 800 pesos, el cual incrementó por siete millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2020.
Sin embargo, pagel organismo encontró que pagó 885 millones 589 mil pesos, los cuales rebasan el límite máximo permitido de 876 millones 634 mil 300 pesos, determinado de acuerdo con el cálculo establecido en la normativa, generando una diferencia por arriba de dicho límite por ocho millones 954 mil 700 pesos.
Mientras que el órgano de control interno encontró irregularidades administrativas en cuanto al manejo y control de las pensiones alimenticias que se reciben en el Juzgado, ya que se pudo constatar en diversos expedientes que no existe la razón de entrega a sus beneficiarios.
“Derivado de ello se encuentran en proceso de elaboración los informes de presunta responsabilidad administrativa, los cuales serán turnados al área competente para los efectos a que haya lugar. Asimismo, se realizó una observación consistente en la instauración de un libro de registro y control de depósitos, y en lo que respecta a los bienes muebles se encontraron discrepancias en faltantes y sobrantes”.
De la misma forma señaló anomalías en pólizas de instituciones afianzadoras que son otorgadas para garantizar la libertad provisional de los procesados; “desaparición” de certificados de depósito expedidos por la Dirección del Fondo para la Administración de Justicia por diversos conceptos ni los expedientes por los cuales derivaron estos depósitos.
También la presunta desaparición de diversas alhajas afectas que no fueron remitidas en su momento para su resguardo a la Dirección del Fondo para la Administración de Justicia. Las cuales, fueron encontradas en poder del Oficial Administrativo y “en el interior del escritorio” de un funcionario del Poder Judicial, por lo que se formularon “las correspondientes actas administrativas”.
Por Juan Carlos Zavala
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