El pasado 23 de octubre se cumplió un año del ataque armado e irrupción violenta contra las comunidades Guerrero Grande, Ndoyonoyuji y Mier y Terán, del municipio de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca, que dejó hogares incendiados, dos personas asesinadas, tres desaparecidas, decenas de desplazados. A 12 meses, estos crímenes continúan en la impunidad.
A mediados de este año – el viernes 22 de julio de 2022 – fue detenido Carlos Reaño Sandoval, síndico hacendario de San Esteban Atatlahuca, a un lado de las oficinas de la radiodifusora XETLA, Barrio San Diego, por Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y posteriormente fue detenido el presidente municipal, Rogelio Bautista Barrios.
Los dos políticos fueron puestos a disposición y trasladados al penal de Tanivet. Sin embargo, el Juez de Control decretó de ilegal la detención, con el argumento de que los policías aprehensores no fijaron de manera correcta el lugar de la detención. Por eso, ambos fueron liberados en la madrugada del día sábado 23 de julio del 2022, un día después de su aprehensión. A la fecha, no hay ninguna persona detenida por estos hechos.
Para conmemorar el aniversario de la irrupción armada a sus comunidades, habitantes de Guerrero Grande y desplazados de Ndoyonoyuji, este 23 de octubre de 2022, efectuaron marchas de protestas. Los pobladores realizaron un recorrido en el centro de la comunidad de Guerrero Grande para conmemorar un año del ataque armado que sufrió su comunidad por autoridades y pobladores de San Esteban Atatlahuca.
En Tlaxiaco, los desplazados de la comunidad de Ndoyonoyuji también marcharon, para conmemorar un año del ataque armado que sufrieron en su comunidad y por lo cual actualmente se encuentran en calidad de desplazados en un refugio improvisado en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Mientras se realizaban estas protestas, aproximadamente a las dos y media de la tarde personas que se encuentran en la comunidad de Ndoyonoyuji, efectuaron disparos en contra de habitantes del paraje “Shinito”.
Antecedentes
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), el viernes 1 de octubre del 2021, alrededor de las cinco de la mañana se escucharon cuetes en la comunidad de Guerrero Grande; después, fueron detonaciones de armas de fuego y el ingreso de un grupo armado al paraje “Yucunucue” en el cual intentaron quemar casas. En el paraje denominado “Yu jito” quemaron un aproximado de tres casas. Esta agresión duró todo el día y toda la noche del 1 de octubre del 2021.
En este ataque desapareció Jacinto Hernández Quiroz y su cuerpo fue encontrado sin vida con disparos de arma de fuego el 3 de octubre del 2021.
Nueve días después, el 10 de octubre del 2021, alrededor de las cinco de la mañana Mayolo Quiroz Barrios salió de su domicilio ubicado en la comunidad de Mier y Terán, para dirigirse al paraje denominado “Llano bajo” ubicado en la misma comunidad para ir a ver a su ganado y desde ese día ya no regresó a su domicilio y se encuentra desaparecido.
El jueves 21 de octubre del 2021, aproximadamente a las ocho de la noche, un grupo de personas armadas quemó las casas en la comunidad de Ndoyonoyuji. La agresión inició a las ocho de la noche y concluyó el viernes 22 de octubre del 2021 a las nueve de la mañana. Quemaron los hogares de 25 familias, quienes huyeron por el monte y se refugiaron primero en comunidades aledañas, en cuevas, y hasta el sábado 23 de octubre del 2021, lograron llegar a Tlaxiaco. Actualmente se encuentran en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para que se pudiera establecer un albergue de manera urgente.
El 22 de octubre de 2021 a las diez de la noche, un grupo de personas armadas incendió casas de 72 familias de la comunidad de Guerrero Grande, por lo que muchas familias huyeron en la noche de ese día y en la madrugada del sábado 23 de octubre. Se refugiaron en comunidades vecinas, pero los ataques y el incendio de casas se incrementaron y muchas más familias se trasladaron a comunidades vecinas y a Tlaxiaco, en esta última arribaron el domingo 24 de octubre del 2021 al albergue del INPI.
Desde el sábado 23 de octubre de 2021, se encuentran desaparecidos Marco Quiroz Riaño de 54 años de edad; Miguel Bautista Avendaño de 56 años, Donato Bautista Avendaño de 48 años de edad.
El 26 de octubre de 2021, se encontró el cuerpo de Isidoro Hernández de 49 años en el paraje denominado “shinitoó” perteneciente a la comunidad de Mier y Terán.
Posteriormente, el 27 de octubre de 2021 desapareció en la Ciudad de México, Irma Galindo Barrios, originaria de San Esteban Atatlahuca y considerada defensora del bosque. Según la Cedhapi, Irma Galindo Barrios se había trasladado a la Ciudad de México para participar en una marcha en solidaridad con las comunidades de Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji. El día que desapareció, asegura, dejó víveres en un centro de acopio y la última vez que se tuvo contacto fue cuando se trasladaba en la línea Barranca del Muerto en la Ciudad de México.
Reacciones internacionales
El 23 de diciembre del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad física de las familias indígenas de las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji.
Y con fecha 31 de diciembre del 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente solicitando al estado mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de la señora Irma Galindo Barrios e investigación de su alegada desaparición forzada.
Exigencias
A través de un comunicado, los beneficiarios de Medidas Cautelares y el Cedhapi exigieron el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos MC-1050-21 y el cumplimiento de la Acción urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada AU núm. 1456/2021 a 1460/2021.
Y finalmente, exigieron una investigación y sanción a los delitos cometidos por la desaparición de Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño e Irma Galindo Barrios, por los homicidios de Jacinto Hernández Quiroz, Isidoro Hernández y Mayolo Quiroz Barrios y más de 100 casas quemadas de habitantes de las comunidades de Ndoyonoyuji y Guerrero Grande.
