Académicos y abogados especialistas en temas electorales interpusieron una serie de recursos legales en contra del proceso de selección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que actualmente es realizado por la Cámara de Diputados federal, al acusar que éste ha sido manipulado para favorecer a los candidatos afines a Morena o al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel Obrador.
Uno de los especialistas que han impugnado el proceso de selección y que están solicitando que se anulen los resultados del examen de conocimientos efectuado el pasado siete de marzo es el maestro y académico oaxaqueño Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Castellanos Hernández sostuvo que durante la aplicación de la prueba existieron irregularidades flagrantes, como el hecho de que a los concursantes no se les permitió obtener una copia de sus respuestas y de que tampoco se les permitió conocer qué reactivos habían sido contestados de manera errónea.
En ese sentido, indicó que al término del examen diversos personajes caracterizados por su conocimiento en temas electorales, fueron calificados con entre 10 y 15 errores, lo que les impidió continuar al frente en el proceso de selección, al tiempo que personajes afines a Morena, recibieron calificaciones prácticamente excelsas.
En concreto, cuestionó los casos de Bertha Alcalde Luján, hija de la ex dirigente del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, y actual funcionaria de la Cofepris, y de Jaime Castañeda Salas, asesor de la representación de Morena ante el INE, quienes obtuvieron las calificaciones más altas en el examen de conocimientos aplicado la semana pasada a 508 aspirantes.
«Hubo manipulación del sistema informativo para reducir calificaciones a quienes obtuvimos altas calificaciones. Yo estoy convencido de que de las 80 preguntas, por lo menos con absoluta certeza yo tenía 75 preguntas correctamente contestadas y lo que aparece son 64 preguntas correctamente contestadas, según el sistema de cómputo, solamente que no hay ningún testigo ni documental ni digital que podamos decir: ‘Esto es lo que usted contestó y está es la pregunta correcta y está usted equivocado’: ni siquiera eso», dijo el académico.
Otros personas que han externado su inconformidad y anunciaron el comienzo de procesos legales, son los especialistas en temas electorales Jesús Mena, de León Guanajuato, y Carlos Armand de Tijuana o Juan Carlos Silva Adaya, ex magistrado del Tribunal Electoral.
«Solamente hay dos posibilidades: o les dieron los resultados de antemano o francamente les dieron una prueba ya contestada, con todas las preguntas bien o una o dos preguntas equivocadas y es por eso que los partidarios de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, de las 80 preguntas, uno tiene 79 y otro tiene 78, otro tiene 77 (y) son gente que jamás ha estudiado derecho electoral», acusó.
«Cómo es posible que una gente improvisada por ser cercana al poder político en turno van a obtener la más alta calificación, porque son cercanos a la mayoría legislativa de San Lázaro».
La demanda interpuesta por Castellanos fue entregada el pasado 13 de marzo y esperan que emitan medidas cautelares a su favor entre hoy y mañana.
Las medidas cautelares solicitadas por el especialista radican en la anulación de los resultados del examen y, en su defecto, que se le permita avanzar al segundo filtro de la selección, que analizará la idoneidad del perfil profesional para determinar si puede acceder a un puesto de consejero.
–¿Qué va a pasar si la resolución no es favorable a usted?
–Yo iré por vía de amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No voy a quitar el dedo del renglón.
«Yo voy a agotar todas las instancias jurídicas nacionales e internacionales para denunciar la farsa, el embuste, la simulación y la mentira con que se están comportando en este momento en la Cámara de Diputados federal, con la complicidad del Comité Técnico de Evaluación que designaron ellos mismos, afines a la mayoría legislativa de Morena y subordinados a lo que diga el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador)».
