El Comité Cerezo denunció que el Estado mexicano realiza una vigilancia ilegal y un hostigamiento en contra de la defensora de derechos humanos, Margarita Cruz Sánchez, hermana del miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quien fue víctima de desaparición forzada en el año 2007 en Oaxaca.
A través de una petición, exigió a las autoridades competentes tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Margarita Cruz Sánchez.
Y que de manera urgente investigar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal y hostigamiento y conformar sus acciones a lo dispuesto por los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México.
Estamos enterados del seguimiento ilegal por parte del Centro Nacional de Inteligencia al Plantón de familiares y organizaciones frente a la SCJN por lo que exigimos a las autoridades competentes:
Anteriormente, el 9 de agosto de 2022, también denunció el seguimiento ilegal por parte del Centro Nacional de Inteligencia al plantón de familiares y organizaciones frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir un amparo a favor de Gabriel Cruz y Edmundo Reyes Amaya, ambos integrantes del FPR desaparecidos en Oaxaca.
En esa ocasión, solicitó tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para cesar la vigilancia y hostigamiento de parte del personal que podría estar adscrito al Centro Nacional de Inteligencia.
Así como las medidas apropiadas para garantizar el derecho humano a la protesta y dentro de este grupo de derechos humanos a la libertad de expresión, reunión y manifestación, a la justicia, verdad, memoria y medidas de reparación que ejercen los familiares y organizaciones que acompañan el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
“Solicitamos a la CNDH y a la CDHCM que envíen visitadores de derechos humanos para garantizar el derecho humano a la protesta”.
Igualmente exigieron que de manera urgente a las autoridades competentes investiguen y sancionen a los responsables de las violaciones a los derechos humanos arriba mencionados.
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