A 10 años de su detención arbitraria, este jueves 18 de mayo el gobierno de México ofreció disculpas públicas a Damián Gallardo Martínez, defensor de derechos humanos ayuujk, al reconocer que fue violentado y torturado por el régimen del expresidente Enrique Peña Nieto.
El Acto de Reconocimiento de la Responsabilidad Internacional del Estado Mexicano y Disculpa Pública al Defensor Damián Gallardo Martínez se celebró en el Atrio del Templo de Santo Domingo de Guzmán y estuvo encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas.
Encinas Rodríguez, en representación del Gobierno Federal, se disculpó por los actos de tortura física y psicológica, así como de criminalización que vivió el profesor ayuujk durante su detención, traslado y durante los más de cinco años de reclusión en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
Subrayó que este caso cuenta con la recomendación 5/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra su detención arbitraria y la tortura, además de la Acción Urgente 3/2014 de las relatorías de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, tortura, libertad de expresión y libertad de reunión y asociación, así como con la opinión 23/2014 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y el dictamen 992/2020 del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés).
Dichos pronunciamientos -explicó- coinciden en que los hechos contra Damián Gallardo Martínez formaron parte de un patrón de tortura y criminalización de la protesta social, particularmente, la criminalización al magisterio oaxaqueño luego de su resistencia a las reformas estructurales de la llamada Reforma Educativa, que impulsaba el gobierno federal de aquel entonces.
Por ello, recalcó: “Venimos también con convicción a marcar un parteaguas de lo que fueron los regímenes políticos, represivos y autoritarios que durante mucho tiempo dominaron Oaxaca y el país para iniciar una ruta de construcción de un Estado cuya responsabilidad fundamental sea respetar la dignidad de todas las personas y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos”. Y agregó: “nos encontramos aquí reunidos para dignificar la honra y la trayectoria del profesor Damián, de su familia y de su comunidad reivindicando su lucha como defensor de derechos humanos”.
En tanto, Damián Gallardo destacó que la celebración de este Acto llega después de agotar todas las instancias nacionales de procuración de justicia, por lo que constituye una “diminuta bocanada de aire fresco” en la lucha por los derechos humanos.
“Aceptamos este ofrecimiento de disculpa pública,no como una concesión gratuita, sino como el fruto de nuestras luchas y desvelos; es un gesto simbólico arrancado tras cinco años de exigencia para una reparación integral de daños ocasionados por el Estado Mexicano durante el régimen del criminal Enrique Peña Nieto a mi persona, familia, comunidad y movimiento social en Oaxaca”, afirmó
. Sin embargo, dejó en claro que mientras no se castigue a los responsables del montaje y los perpetradores de tortura en su contra, la medida que hoy nos convoca perderá sentido.
A su vez Yolanda Barranco, maestra, defensora de derechos humanos y compañera de vida del defensor de derechos humanos, hizo hincapié en la serie de agravios cometidos contra toda su familia.
“Cuando alguien es culpado, culpan a toda la familia, cuando alguien es apresado, apresan a toda la familia… no es fácil resarcir el grave daño causado por el régimen totalitario del Estado”, remarcó.
Por su parte, la integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez destacó la trascendencia de que el Gobierno Federal haya asumido con seriedad la resolución de las Naciones Unidas, pues -dijo- no ha sido sencillo intentar resarcir el daño causado por los regímenes autoritarios del pasado, los cuales se espera que no vuelvan.
“Sin duda nada restituye, pero ojalá este tiempo abra camino a que no se repitan los patrones de criminalización a la protesta social, ni a las defensoras y defensores de derechos humanos, pues el impacto no es individual, afecta todo un tejido familiar, social y comunitario”, puntualizó.
“Fueron 10 años de ver a la familia poner corazón, cuerpo y vida. Hoy Yolanda, Doña Feli, Don Gregorio, toda la familia y comunidad de Damián encuentran un poco de la dignidad que fue arrebatada, de la verdad que fue acallada por el gran aparato de Estado” agregó.
Y confió en que a partir de hoy Oaxaca sea agenda de primer orden para la escucha de otras víctimas de graves violaciones a derechos humanos, toda vez que en la entidad -añadió- ha prevalecido la impunidad, sexenio tras sexenio: “y no se ha asumido un compromiso real de lucha contra la impunidad; queremos a Ulises Ruiz en la Cárcel, queremos a los asesinos de Nochixtlán procesados y sentenciados, queremos que se desmantelen las estructuras represivas”.
Asimismo, en presencia también de las defensoras Yolanda Pérez Cruz y Soledad Jarquín Édgar, Sánchez Maya reiteró la exigencia de libertad para el defensor Pablo López Alavez y de justicia por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín.
Acudieron al acto alrededor de 350 personas; la gran mayoría de ellas eran activistas, defensoras y defensores de derechos humanos quienes han sido víctimas de la represión de Estado en Oaxaca durante los últimos 40 años, así como de representantes de la diplomacia y sociedad civil de escala nacional e internacional.
Información de Consorcio para la Equidad y el Diálogo Parlamentario
