Organizaciones adheridas al Congreso Nacional Indígena (CNI) exigieron la cancelación inmediata de las 425 concesiones mineras que el gobierno federal ha entregado sin la autorización de los pueblos indígenas, y que abarcan seis millones 350 mil hectáreas del territorio de Oaxaca.
Durante una reunión celebrada en Santa María Zapotitlán, comunidad chontal ubicada al sur de Oaxaca, también exigieron al Estado el respeto a la libre determinación de los pueblos y denunciaron la simulación de asambleas y falsas consultas que buscan legitimar la imposición de proyectos neocoloniales “que generan despojo, represión, explotación y desprecio, bajo una pretendida lógica de desarrollo y progreso, tales como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya”.
En particular, demandaron a la Secretaría de Economía que retire de su cartografía minera la concesión denominada Zapotitlán 1, y que se respete la libre determinación de las comunidades contra la imposición de la industria minera.
“Responsabilizamos a la empresa minera Continuum Resources y al gobierno estatal y federal por los ataques paramilitares hacia la comunidad de El Rebollero, San Pablo Cuatro Venados, ya que, no bastando con la destrucción e incineración de sus viviendas y cultivos, se sostiene una agresión constante con armas de alto poder hacia la población que actualmente se encuentra bajo asedio para dar paso a la extracción minera”.
Las organizaciones del CNI alertaron que como parte de los pueblos originarios chatinos y chontales de la Sierra Sur y del Istmo en Oaxaca son impactados por los efectos de la crisis climática, como la proliferación de plagas que están devastando los bosques.
“Nos declaramos en alerta máxima por la aceleración de los megaproyectos de desarrollo establecidos para el sur-sureste mexicano y llamamos a fortalecer los procesos de resistencia desde los pueblos originarios, para posicionarse contra la violencia, el despojo y la devastación de los cuerpos y territorios. Nuestra lucha antipatriarcal se pronuncia contra el asesinato de las defensoras de los territorios y exigimos un alto a todas las formas de violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales”.
De la misma manera se pronunciaron contra la biopiratería disfrazada de espeleología que durante más de 50 años ha realizado actividades sin la autorización de las comunidades mazatecas, a quienes tampoco les han informado sobre los objetivos de su trabajo.
Y exigieron verdad y justicia para su compañero zapoteco Álvaro Sebastián Ramírez, asesinado el pasado 19 de julio del 2022, y un alto a las agresiones y hostigamientos contra David Hernández Salazar y la comunidad de Puente Madera San Blas Atempa, quienes se organizan contra la imposición del Corredor Interoceánico.
Entre otros de los pronunciamientos, denunciaron la privatización del agua que el gran capital lleva a cabo en el estado de Querétaro, lo cual ha sido señalado por la comunidad Otomí; exgieron la libertad inmediata de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, de Fidencio Aldama de la tribu Yaqui, y del resto de presos políticos del país, y un alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas quienes han sido blanco de ataques paramilitares con la anuencia del Estado.
 exigieron la cancelación inmediata de las 425 concesiones mineras que el gobierno federal ha entregado sin la autorización de los pueblos indígenas, y que abarcan seis millones 350 mil hectáreas del territorio de Oaxaca.){kind=link}