Oaxaca se ubica en el primer lugar de las entidades del país con el mayor número de personas defensoras de derechos humanos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, según el informe “Oaxaca 2022: reclamos de justicia y paz”.
El estudio realizado por organizaciones civiles y la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), en el actual sexenio de López Obrador al menos 102 personas defensoras han sido asesinadas. Estos datos corresponden a activistas reivindicados por una organización social o de derechos humanos.
“El estado de Oaxaca lidera la dramática lista, con 22 defensores asesinados”, dice. Sin embargo, a estos se suma el asesinato ayer de Crispín Reyes Pablo, ex agente municipal de Guadalupe Victoria y defensor de derechos humanos en San Juan Juquila Mixes. También está el caso de la abogada y defensora de comunidades indígenas Patricia Susana Rivera Reyes asesinada en su domicilio en Tijuana, Baja California, crimen que se cometió el pasado 19 de marzo de 2022.
También destacó el estado en el cuarto lugar a nivel nacional por el número de protestas. Entre 2012 y 2021 se reportaron mil 513, de la cuales, más del cincuenta por ciento se distribuyeron entre la capital del estado con un 37.79 por ciento, y los municipios de Juchitán de Zaragoza con 14.44% y Matías Romero con un 3.26 por ciento.
“Un hecho asociado a la protesta social en Oaxaca es la demanda de justicia. Entre 2012 y 2021 el 21.06% de los pliegos petitorios presentados incluyeron esta demanda, lo que hace de la justicia la primera exigencia en la entidad”, según el estuidio.
Además, detalla que del total de las demandas de justicia el 29.89% piden eficacia en su impartición y en su procuración, seguidas de la exigencia de libertad para personas detenidas ilegalmente por su actividad política con un 24.30%.
El tercer lugar lo ocupan las demandas contra las desapariciones forzadas con 13.97%, seguido de la exigencia de un alto a los homicidios con 8.66%, 7.26% contra abusos de policías y militares al margen de eventos de protesta, 6.15% contra feminicidios, 2.79% contra actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, 1.96% contra violaciones, abusos y acoso, 1.68% contra extorsiones, secuestros y desapariciones no atribuibles a una autoridad pública, 1.40% contra abusos cometidos contra acusados y detenidos, 0.84% con relación a los grupos de autodefensas, 0.56% contra delitos patrimoniales y 0.28% contra abusos cometidos al interior de los penales.
“En los tres municipios que concentran más del 50 por ciento de las protestas por temas de justicia, se emplearon repertorios de protesta pacíficos como marchas, bloqueos y paros de labores”, señala.
Aunque algunos conflictos sociales se dirimen en mesas de negociación, asegura que un recurso cada vez más frecuente en Oaxaca es la protesta en calle, aunado a un registro creciente de repertorios de violencia como componente de la conflictividad social.
“A este respecto llaman particularmente la atención el uso de armas de fuego, las emboscadas, las desapariciones forzadas, los ajusticiamientos, los asesinatos de activistas, entre otros. Según registros de prensa, los numerosos conflictos agrarios que se observan en el estado muestran reiterados episodios de violencia con uso de armas de fuego”.
