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jueves, noviembre 21, 2024

En Oaxaca el año 2024 pinta para mucha impunidad

Reportajes

Por Rodrigo Islas Brito
 
El 2024 que está a unos días de suceder pinta para Oaxaca como un escenario donde el acceso a la justicia anuncia con seguir teniendo un déficit importante en cuanto a su sesgo de accesibilidad a la más elemental impartición de justicia y seguimiento e investigación de delitos y actividades criminales. Sobre todo en una entidad federativa donde su Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, ha reportado que de más de 5 mil carpetas de investigación iniciadas, solo 19 se han llevado ante un juez.
 
El matiz discrecional de impartir justicia en Oaxaca con una intención política queda patente  cuando se recuerda que apenas el pasado 28 de noviembre detuvieron a otro colaborador del muy reciente gobierno de Alejandro Murat responsabilizándolo de un quebranto de casi 200 millones de pesos al gobierno de Oaxaca.
 
La detención de Javier Lazcano Vargas, extitular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) se realizó en la ciudad de México por el delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades” considerándolo probable responsable en la  comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y daño  al erario estatal por un monto total de 194 millones 984 mil 679 pesos..
 
Cabe destacar que Fiscalía de Oaxaca ya detuvo a  cuatro exfuncionarios de la Secretaría de las Infraestructuras y el  Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), del sexenio anterior,  cuando Lazcano Vargas, era su titular, imputados también por  el mismo delito. Se trata de los exsubsecretarios, Manuel  Meza Corres y Leopoldo Gilberto López López; el director de Control y  Evaluación de Obra Pública, Rubén César Mendoza Hernandez, y el jefe de Infraestructura Urbana y Residente de  Obra, Alejandro  Cristóbal Canseco Antonio, pues entre ellos y su jefe secretario defraudaros las arcas del estado  con 51 millones 620 mil 945.70 pesos, al no administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos del  contrato de esa obra.
 
Frente a eso, el jefe inmediato del exscretario de SINFRA, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, quien renunció el pasado 18 de noviembre al  Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo lanzó de gobernador, no parece en lo cercano vérselas tan negras judicialmente como sus subalternos, sobre todo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso hace poco más de un año hacerle un homenaje por “ser un aliado de la Cuarta Transformación”, afirmación que sigue sosteniendo a la primera provocación.
 
Cabe recotdar que Javier Lazcano Vargas, fue denunciado por la ejecución de la obra número  CBNB-2000MDP/0069/210319/2021 del Programa 108 – Infraestructura Vial en  el estado de Oaxaca, del proyecto «Ampliación y Modernización de la  carretera troncal 175 (Oaxaca-Puerto Ángel) que incluía la construcción de un puente sobre  «Río Salado» que se encuentra en los municipios de Oaxaca de Juárez,  Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y San Agustín de las  Juntas.
 
Y también vale precisar que en octubre de 2019, la 64 Legislatura del  estado con marcada mayoría morenista, aprobó al hoy exgobernador Alejandro  Murat Hinojosa , una deuda por tres mil 500 millones de pesos para 118  proyectos en obras sociales. Caminos, rehabilitación de inmuebles públicos, proyectos  de alumbrado y una supuesta la reubicación de la sede de la 28/a Zona  Militar que fue negada por el mismo Ejército Mexicano, fueron parte de estas obras de hule que el gobierno anterior no cumplió ni transparentó, frente a un endeudamiento del estado en el que la reestructuración de la deuda pública será utilizada como fuente de pago del financiamiento en un aún indeterminado número de años.
 
Las obras no fueron terminadas o colapsaron en pocos meses. El desaseo fue tal que incluso Murat antes de irse tomó la decisión de cancelar la construcción del proyecto de Libramiento Sur para redireccionar 500 millones de pesos que supuestamente serían destinados a un Circuito Interior de la Capital de Oaxaca y otros 400 millones  serían aplicados en trabajos de la red del agua potable, obras que acabaron en calidad de fantasmas.
 
Hoy, aunque a sus subalternos parece rondarlos las consecuencias de sus hechos, a Alejandro Murat la cosa le va bien. Ya es considerado como futuro precandidato de Morena al senado y se ha sumado abiertamente a la precandidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, acto al que el mismo ha calificado como “una alianza progresista” a la que él y otros políticos expriistas de origen mexiquense, se han sumado pues “no se trata de un tema de colores, sino de principios”.
 
Ante esto valga recordar el anteriormente mencionado  reporte anticorrupción de la también mencionada dependencia  a cargo de Emilio Iruegas Alvárez, el cual informa que  de las 19 carpetas que fueron judicializadas y consignadas en el estado de Oaxaca, 16 judicializaciones se han presentado en el sistema acusatorio y tres consignaciones bajo el sistema tradicional.
 
De acuerdo con el informe 2022-2023, mil 552 carpetas de investigación por el delito de abuso de autoridad, 601 por ejercicio ilícito del servicio público, 220 por peculado, 202 por privación ilegal de la libertad, 151 de cohecho, 137 de intimidación, 118 falsificación de documento, 116 por delitos contra la administración de justicia, 95 de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad y 70 por uso de documento falso. Así como 77 por uso abusivo de funciones, 73 por responsabilidad técnica y médica, 59 por coalición de servidores públicos, 46 por tráfico de plazas y servicios, 38 por usurpación de funciones públicas o de profesión, 36 por enriquecimiento ilícito, 34 por tráfico de influencias, 25 por falsedad de declaraciones judiciales o en informes dados a una autoridad, y mil 936 por otros delitos.

Las autoridades más denunciadas son las municipales con un total de mil 830 carpetas de investigación, 563 contra funcionarios de la Fiscalía General del Estado, 358 contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y 132 contra servidores públicos del Poder Judicial. Sobre el ya mencionado exgobernador de Oaxaca tan opaco, no se ha mencionado nada.

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