Tras la designación de Bernardo Rodríguez Alamilla como titular de la Fiscalía General del Estado, Servicios para una Educación Alternativa (Educa) asegura que la justicia sigue siendo a modo, se persiguen delitos por consigna o por interés político.
Las actuaciones de la Fiscalía, dice, son poco transparentes y eficaces, y afirma que existe también mucha responsabilidad de la Federación y del Poder Judicial en estos casos. De muy poco ha servido que desde la sociedad civil se propongan iniciativas de ley, protocolos, medidas de protección, si éstas no se cumplen y la justicia no llega a las víctimas y sus familias.
Para Educa, el fracaso no sólo es en Oaxaca. México, dice, atraviesa por una grave crisis de acceso a la justicia, corrupción e impunidad.
“El nuevo sistema de justicia penal fracasó debido a que no avanzó, a la par de las reformas y modificaciones constitucionales, la capacitación de los ministerios públicos, la profesionalización de operadores y funcionarios, el incremento al presupuesto, ni tampoco se logró contar una policía profesional y confiable”.
Mencionó, por ejemplo que el índice de impunidad federal alcanzó, tan sólo en el año 2021, el 96.1 por ciento, superior a la de años anteriores, según México Evalúa. En materia de derechos humanos, el sistema de Naciones Unidas y el sistema Interamericano, sostiene que difícilmente inciden en las acciones de los operadores de la justicia en el país en casos graves contra personas defensoras y periodistas y, aunque existen convenios de cooperación, casi no se permite su coadyuvancia en las investigaciones.
“Oaxaca es el estado del país donde se han cometido más crímenes en contra de personas defensoras de los derechos humanos y el territorio, a la fecha suman un total de 34 en los últimos cuatro años. Estos asesinatos permanecen en total impunidad debido a una falta de rigor en la investigación criminal y a una ineficaz actuación del aparato de impartición de justicia”, señala.
A esto se suma, advierte, que en los dos primeros meses del actual gobierno, ocurrieron 25 feminicidios y la mayoría de los perpetradores siguen libres.
“En diversas ocasiones familiares de víctimas y organizaciones se pronunciaron sobre la falta de prevención y atención a denuncias de violencia feminicida. Existen expedientes rezagados de casos graves: la Masacre de Agua Fría (2002); los crímenes contra activistas de la APPO (2006-2007); el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (2010), sólo por mencionar algunos de los casos de mayor resonancia; con todo y la creación de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, los casos no avanzan. Este panorama nos revela un estado de desinterés, rezago e impunidad en la impartición de justicia en Oaxaca”.
Es en esto contexto, asegura, se inscribe el nombramiento del nuevo fiscal en Oaxaca y puntualiza que la designación de Bernardo Rodríguez sigue un patrón que ya se había observado anteriormente, de la oficina encargada de la protección y defensa de los derechos humanos pasa a la oficina encargada de la política criminal y persecución de los delitos.
“Es evidente que cubre un perfil idóneo para dar continuidad a un sistema de procuración de justicia que no le dio los resultados a la población, por lo que hubo 24 eventos de linchamientos o intentos de linchamientos en Oaxaca sólo en 2022”.
Educa sostiene que la situación estructural que hemos descrito anteriormente va más allá del nombramiento de un fiscal y que hay una estructura inoperante que hace que en Oaxaca tengamos una impunidad del cien por ciento (Impunidad Cero), el estado con mayor grado de impunidad en México.
“La procuración de la justicia en Oaxaca está asentada en la impunidad, la corrupción y los pactos entre los grupos políticos. Las Fiscalías Regionales están ligadas a los grupos de poder o a los caciques regionales, o bien, a la delincuencia organizada”, asevera.
Y afirma que en las Fiscalías no existen los instrumentos, los procedimientos, ni la tecnología necesaria, no tenemos una policía profesional para investigar delitos.
“En suma, la reforma al sistema penal no pasó por Oaxaca. La designación de Rodríguez Alamilla, viene a ser otro nombramiento dentro de una estructura que no funciona. Si no observamos la grave crisis de la procuración de justicia en Oaxaca nos vamos a quedar solamente en la crítica al nombramiento de una persona”.
En los casos de personas defensoras, Educa asegura que no se han logrado avances. “No hay una actuación de la Fiscalía en lógica de derechos humanos, se abren carpetas de investigación como homicidios cualesquiera, debido a la falta de claridad de la Fiscalía que no entiende el papel que juegan las personas defensoras en la sociedad.
Además, dice que no hay recursos para medidas cautelares, ni un sistema de protección. La justicia sigue siendo a modo, se persiguen delitos por consigna o por interés político. Las actuaciones de la Fiscalía son poco transparentes y eficaces.
Para la organización, considera que tienen que darse cambios en el modelo de procuración de justicia en Oaxaca.
“En principio, se requiere una reforma integral a la Fiscalía, hacer una institución que sirva, transparente, cuyas actuaciones estén apegadas a los más altos estándares en materia de derechos humanos, con personal profesionalizado y presupuesto suficiente para el desempeño de su misión. Revisar el trabajo de las Fiscalías Regionales para impulsar los cambios necesarios.
“Valorar el desempeño de las Fiscalías Especializadas y la reestructuración de estas. Retomar carpetas y expedientes rezagados para profundizar en investigaciones que lleven a fincar responsabilidades penales a perpetradores de crímenes”.
Por último, manifiesta preocupación por el futuro la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la falta de titular y el poco interés que parece existir en el gobierno de la cuarta transformación en la protección y salvaguarda de los derechos humanos, coloca a este organismo autónomo en una situación de vulnerabilidad.
“Se suma a esta fragilidad la falta de un Consejo Ciudadano en funciones, el desmantelamiento de las Defensorías Especializadas y la ausencia de estrategias para prevenir riesgos; esto en medio de una ola de asesinatos de personas defensoras. Esperamos que tanto la Fiscalía como la DDHPO no se conviertan en apéndices del gobierno, sino por el contrario que sean instituciones fuertes, que cumplan con su labor de defender a la sociedad y procurar la justicia y el respeto a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca”, sentencia.
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