El presidente municipal de La Reforma, Putla Villa de Guerrero, Cipriano Arturo Guzmán Bohórquez, y tres personas más cumplieron un mes estar privados ilegalmente de su libertad por un grupo de pobladores de las agencias Estanzuela Grande y Río Tigre, quienes exigen la entrega de recursos públicos de los ramos 28 y 33.
Esta mañana, su esposa Rocío Ignacio Vásquez y su hija Itzel Guzmán denunciaron que se teme por su vida y su integridad física, ya que tiene un problema cardiaco y se ha impedido que tenga atención médica.
El sábado 18 de mayo de 2024, Arturo Guzmán, Victoriano Alfaro Caballero, Antonio Elías Méndez Sarmiento y Florentino Ortiz Heras, fueron interceptados en el paraje El Carrizal cercano a la comunidad de La Reforma, por un grupo armado que viajaba en camionetas que les cerraron el paso. El grupo armado era encabezado por el agente municipal de Estanzuela Grande, Pedro Herrera Pérez, quien portaba armas de uso exclusivo del Ejército.
El edil y las otras tres personas fueron llevadas por la fuerza a Estanzuela Grande, donde permanecen privados ilegalmente de su libertad. Itzel Guzmán también responsabilizó de estos hechos a la organización Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), quienes tienen el control político de las comunidades de Estanzuela Grande y Río Tigre.El 20 de mayo de 2024, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a favor de las cuatro personas secuestradas, y principalmente a favor del presidente municipal Arturo Guzmán, quien padece una enfermedad cardiaca. En la medida cautelar, el organismo pide la intervención de los Servicios de Salud de Oaxaca para que brinde atención médica inmediata a las personas privadas de su libertad.
Sin embargo, ni el gobierno de Oaxaca ni los Servicios de Salud han acatado la medida cautelar emitida por la DDHPO; al contrario, han anunciado determinaciones con las que ponen en riesgo la integridad de las personas secuestradas, según afirmó Itzel Guzmán.
La hija del presidente municipal de La Reforma recordó que el pasado 12 de junio de 2024 el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó que iniciarán con un proceso para desaparecer poderes en La Reforma, Putla Villa de Guerrero.
Para Itzel Guzmán, este proceso es ilegal porque se atenta contra los derechos humanos del presidente municipal y de los habitantes de La Reforma, porque no se está ante una situación de ingobernabilidad, sino ante un delito como lo es el secuestro y la privación ilegal de la libertad de cuatro personas por un grupo armado.
“En lugar de liberarlo y castigar a los responsables, se pretende desconocerlo y con ello, se le pone más en riesgo. Este hecho violenta los derechos consagrados a la vida, a la integridad personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Convención Americana en Materia de Derechos Humanos, entre otros, por la gravedad de la situación y del daño irreparable.
Ante esta situación, informó que han solicitado medidas cautelares a la CIDH para las cuatro personas privadas ilegalmente de su libertad.
Itzel Guzmán y su madre Rocío Ignacio Vásquez exigieron al Gobierno de Oaxaca que cumpla con las medidas cautelares emitidas por la DDHPO, que se judicialice la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado contra quienes resulten responsables del secuestro del presidente municipal de La Reforma, Putla Villa de Guerrero, y de otras tres personas.
También exigieron que la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud del Gobierno de Oaxaca brinden de manera inmediata atención médica; y se pronunciaron en contra de las declaraciones de Jesús Romero con las que busca desconocer los poderes en ese municipio, “porque no hay ingobernabilidad, sino que existe un delito que se debe investigar y castigar”.
