El Gobierno de Oaxaca negó que haya retirado el apoyo económico para el tratamiento médico a la joven María Elena Ríos Ortiz, quien fue víctima de un ataque con ácido.
A través de un comunicado, explicó que en atención a la recomendación 28/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a partir de ahora los servicios médicos, psicológicos y psiquiáricos, para ella y su familia, se continuarán otorgando a través de las instituciones de servicios de salud con que cuenta el Estado mexicano como el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Es decir, informó que la atención que requiera María Elena Ríos y su familia serán a través de instituciones médicas públicas y no de servicios médicos privados, como se había otorgado hasta la fecha.
El gobierno estatal agregó que por concepto de apoyo emergente a la joven y a su familia, ha erogado la cantidad de dos millones 692 mil 263.41 pesos, los cuales, aseguró, se encuentran plenamente documentados en los informes que se han rendido ante la CNDH.
“En ese sentido, estamos a la espera de que, a través de la CNDH, María Elena Ríos Ortiz, remita al Gobierno del Estado, el expediente clínico derivado de los pagos que sobre los tratamientos quirúrgicos y dermatológicos ha realizado el Gobierno del Estado”, agregó.
El comunicado del Gobierno de Oaxaca surgió luego de que María Elena Ríos acusara al gobernador Alejandro Murat Hinojosa de retirarle el apoyo económico para su atención médica, supuestamente por protestar durante las festividades de la Guelaguetza, las cuales se celebraron en julio.
En respuesta, aseguró que nunca se ha dejado de proporcionarle el apoyo que ella y su familia han necesitado desde que se enteraron de los hechos fue víctima de delito.
“Al encontrarse María Elena Ríos Ortiz en un estado de salud delicado, en cumplimiento al artículo 8 de la Ley General de Víctimas, se le ha otorgado a ella y a su familia, el apoyo de atención emergente, el cual ha consistido en el pago de atención médica, psicológica y psiquiátrica a través de servicios médicos privados, pago de medicamentos y otros, con la finalidad de garantizarle una atención integral”, informó.
De la misma manera, afirmó que ha gestionado el ingreso de María Elena Ríos al Instituto Nacional de Rehabilitación; sin embargo, dijo que la joven ha dejado de asistir a las consultas médicas por su propia voluntad y que pese a ello, ha cubierto otros pagos de servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos del ámbito privado que se han requerido.
Sobre la investigación contra los presuntos responsables del ataque con ácido en su contra, recordó que la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca ha detenido a tres personas, los cuales fueron vinculados a proceso actualmente se encuentran privados de su libertad.
Además, mencionó que también se emitió el boletín de búsqueda de recompensa por la localización de un cuarto implicado en el ataque y que hasta el momento se encuentra prófugo.
“El gobierno del estado, con irrestricto respeto de la autonomía de la FGEO, exige que se continúen implementando las acciones necesarias para que se ejecute la orden de aprehensión que se encuentra pendiente de cumplimiento”, señaló.
