Juan Carlos Zavala
La Ley de Austeridad Republicana del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y aprobada en el 65 Legislatura del Congreso del Estado, mantiene los privilegios de la “dorada burocracia”; pese a que gran parte de ellos, ganan más o tienen salarios similares al del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
Además de sus altos salarios, los funcionarios de los diferentes poderes, dependencias, institutos, organismos autonómos, tiene privilegios como la asignación de un vehículo oficial con combustible, telefonía celular, pago de alimentos con cargo al erario, bonos por días festivos, y algunos, hasta servicio de lavandería.
Ninguno de estas “prestaciones” fueron eliminadas o prohibidas en la Ley de Austeridad Repúblicaba que ha presumido Salomón Jara como uno de sus compromisos cumplidos.
Además la legislación mantiene los gastos por concepto de telefonía, telefonía celular, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones y seminarios, necesarios para cumplir la función de cada dependencia y organismo.
Únicamente agrega que no podrán exceder los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, “una vez considerados los incrementos y precios y tarifas oficiales o la inflación”; es decir, continúan los privilegios.
Actualmente, el salario del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, es de 156 mil 563.42 pesos mensuales, 1 millón 878 mil 761 pesos anuales.
En Oaxaca al menos seis funcionarios públicos ganan más que el Presidente y al menos tres de ellos, duplican su salario mensual y anual. Más de una decena de titulares de las diferentes dependencias, tienen salarios similares al del Presidente, donde la diferencia oscila entre los dos mil a cinco mil pesos.
El titular de la Fiscalía General de Oaxaca es quien tiene el salario mensual y anual más alto. Este servidor público gana 299 mil 316 pesos al mes, es decir, 3 millones 591 mil 795 pesos anualmente; le sigue el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con un salario mensual de 290 mil 633 pesos.
Mientras que el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa gana 254 mil 644 pesos mensuales, la Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca gana 207 mil 476 pesos mensuales, los consejeros del Consejo de la Judicatura ganan 195 mil 899 pesos mensuales, el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado gana 158 mil 690 pesos mensuales. Hasta aquí, son algunos de los funcionarios que ganan más que López Obrador.
Entre los que tienen salarios similares al Presidente de la República se encuentran el titular del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca con un sueldo mensual de 149 mil 26 pesos, luego están los titulares de las diferentes secretarías del gobierno del estado que ganan 144 mil 904 pesos mensuales, la Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudanda de Oaxaca con un salario de 135 mil 280 pesos, el gobernador del estado con una salario de 133 mil 923 pesos, el Presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico con un salario mensual de 106 mil 738 pesos, y el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) con un suelado de 105 mil 236 pesos.
Las únicas prohibiciones de la Ley de Austeridad Republicana de Salomón Jara son la compra o arrendamiento de vehículos de lujo o cuyo valor comercial supere las cuatro mil 343 Unidades de Medida y Actualización; la contratación de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado; la realización de gastos de oficina innecesarios; remodelar oficinas por cuestiones estéticas; y el derroche de energía eléctrica.
También señala que los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades que permitan el cumplimiento de las funciones de los entes públicos, que las adquisiciones y arrendamiento de equipos y sistemas de cómputo se realizarán previa justificación, y que los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo serán destinados a actividades de seguridad, protección civil o salud, y los que no cumplan con estas funciones, serán enajenados.
