Juan Carlos Zavala
Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz sostuvieron que la libertad otorgada a la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, tiende «un manto de impunidad» sobre la desaparición forzada de su hermana, la activista Claudia Uruchurtu.
A través de una carta pública, manifestaron que después de casi cuatro años de luchar por alcanzar la justicia por la desaparición de su hermana Claudia Uruchurtu Cruz, «nos damos cuenta que esto no es posible en un Estado como Oaxaca y en un país como México».
«Amamos nuestro país de origen, quisimos creer que los Tribunales podían ser imparciales y garantizar su independencia del poder ejecutivo, y hoy nos damos cuenta que sólo fue un ideal y no una realidad», agregaron.
El pasado 13 de diciembre del 2024, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, decidieron modificar a modo la sentencia dictada en contra de Lizbeth Victoria Huerta, Nelci Yanet o Nelci Yanex Vásquez Jiménez y Juan Antonio Hernández Martínez, responsables de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu.
Lo anterior, denunciaron Elizabeth y Sara Uruchurtu, fue para facilitar la libertad de la expresidenta Lizbeth Victoria Huerta y «tender un manto de impunidad por la desaparición forzada de nuestra hermana».
«Sobre la conciencia de Margarita Leonor Gopar Pérez, Luis Enrique Cordero Aguilar y Abraham Isaac Soriano Reyes, magistrada y magistrados que decidieron modificar la sentencia pesará esta decisión, que marca la historia de Oaxaca y muestra cómo se privilegia la injusticia sobre la verdad, la opacidad sobre el dolor de las víctimas, la omisión de aplicar los estándares internacionales de derechos humanos sobre una interpretación limitada, en otras palabras, privilegiar favores al Gobernador del Estado, Salomón Jara, y a la 4T, antes que favorecer la justicia».
Las hermanas señalaron que qué podían esperar de una magistrada que llegó después de ser parte de la Consejería Jurídica del gobierno de Salomón Jara, y de un magistrado que dice contar con una perspectiva pluralista y al no contar con la legitimidad de los pueblos originarios, busca ser premiado con el cargo de ministro después de la reforma al sistema Judicial.
Y finalmente, dijeron, de un magistrado que llegó a este cargo después de un escándalo por desempeñar dos funciones de manera inconstitucional y vulnerar la paridad de género en el poder judicial.
«Es muy lamentable que la administración de justicia esté en manos de estas personas, y de Berenice Ramírez Jiménez, una Presidenta que dice defender los derechos de las mujeres, promover las órdenes de protección las 24 horas, los 365 días del año en Oaxaca, cuando no es capaz de garantizar que en el poder judicial se administre justicia correctamente a las mujeres que son víctimas de desaparición forzada».
Las hermanas manifestaron que su voz es de enojo e impotencia, porque saben que tienen la razón y también de dolor, porque querían un cambio en el estado.
«Pero a pesar de ello, queremos también decirles al Gobernador del Estado, a la Presidenta del Tribunal, a la Magistrada y Magistrados, inclusive a la Presidenta de la República, que esto no nos va a detener en nuestra exigencia de verdad, justicia y reparación; seguiremos luchando para acceder a la justicia, ahora desde el ámbito internacional y buscando a nuestra hermana, hasta encontrarla», sentenciaron las hermanas de la activista Claudia Uruchurtu.
