Juan Carlos Zavala
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se materializaron proyectos neoliberales por excelencia de gobiernos pasados, y se refirieron principalmente al proyecto interoceánico en Oaxaca, proyectos mineros de Guerrero y Oaxaca y el Tren Maya en la región sur-sureste.
Durante el segundo encuentro regional “Conflictividad, Violencia y Criminalización Contra Personas Defensoras y el Movimiento Social” realizado en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), afirmaron que el “neodesarrollismo” impulsado por el poder ejecutivo a nivel federal y estatal funciona a partir de profundas desigualdades sociales.
Y que ese modelo, sostuvieron, está caracterizado por la legalización del despojo o gobernanza del despojo.
Además, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, advirtieron un escenario de profundización y normalización de la violencia y el patrón sistemático de criminalización hacia personas defensoras y movimientos sociales en la región.
“La grave situación de violencia social, criminalización y ataque contra nuestros movimientos ha sido desencadenada por el despojo de nuestros bienes comunes”.
En su pronunciamiento, organizaciones como Educa y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, señalaron que el presidente López Obrador ha asumido el monopolio de la legitimidad de las causas sociales y asume que el movimiento social ha llegado al poder.
“Frente a la simplificación del Estado, es importante mencionar que los procesos sociales son más complejos y denunciar que existe impunidad y no acceso a la justicia a personas defensoras que han sido agredidas por grupos paramilitares, de choque, delincuencia organizada que se mueve al amparo de la impunidad”.
También advirtieron de una mayor presencia de la delincuencia organizada, la cual se está concentrando en las regiones de imposición de proyectos extractivos, tal es el caso de proyectos mineros, eólicos, gasoductos, ampliaciones de carreteras en Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
Mientras que a quienes están en oposición a dichos proyectos, los asesinan, desaparecen, criminalizan y deslegitiman. “Esta práctica ha sido sistemáticamente operada por gobiernos federales, estatales y municipales”.
“Existe una estrategia fallida de seguridad, la militarización no ha disminuido los índices de conflictividad, violencia e inseguridad, por el contrario, ha servido a intereses empresariales y el crimen organizado. La desaparición de jóvenes y mujeres, los asesinatos, cobro de cuotas, desplazamientos forzados, falta de resolución de conflictos y mayor presencia de grupos armados y delincuencia organizada en las comunidades son muestra de dicha situación”, afirmaron.
