El pasado 22 de julio de 2022 organizaciones no gubernamentales ralizaron una calenda en el marco del “Día de la Rebeldía contra la Minería” con el fin de pronunciarse contra los “magaproyectos de desarrollo” en el estado de Oaxaca.
Las organizaciones denunciaron que en el Istmo de Tehuantepec se pretende consolidar el Corredor Interoceánico que consiste en la modernización y ampliación de las vías del ferrocarril, carreteras, puertos y la instalación de 10 parques industriales que afectarán 90 municipios pertenecientes a los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, en los que habitan 18 pueblos originarios.
Aseguraron que estos 18 pueblos originarios se ven amenazados por este megaproyecto que históricamente ha ambicionado transformar la región en un corredor industrial, comercial, energético y militar, para servir de muro de contención para las personas migrantes, convirtiéndose en la frontera y aduana más importante del mundo.
“Este megaproyecto quiere ser el nudo que articule los “proyectos estrella” de la 4T como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Proyecto Integral Morelos, y toda la infraestructura energética que pretende interconectar estos megaproyectos en todo el país para abastecer el consumo energético de las grandes industrias y los mercados nacionales e internacionales reorganizando el sur sureste del país para el saqueo, producción y transporte de sus mercancías a costa de la destrucción y muerte de nuestros bienes naturales y nuestras vidas”.
En la región Valles Centrales, aseguraron, la compañía minera Cuzcatlán no cuenta con el consentimiento de las comunidades para la explotación de su mina de plata y oro en Oaxaca, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y grupos presionan a las comunidades para aceptar la ampliación de dicho proyecto.
“A partir de la negativa de las comunidades organizadas, se ha generado un clima de mucha tensión en los Valles Centrales, por lo que están en riesgo comunidades zapotecas que se oponen al proyecto minero San José y a las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal. Los “grupos antimineros” de los que hace mención la empresa, son autoridades locales, municipales y agrarias, quienes se han organizado a través del Frente No a la Minería, con la finalidad de defender nuestros derechos como Pueblos Indígenas: al territorio, a un medio ambiente sano, a la participación ciudadana y la libre determinación”.
Señalaron que en la Sierra Sur de Oaxaca, asambleas y autoridades comunitarias se están organizando contra las concesiones mineras de 120 mil hectáreas que entregaron los gobiernos a las empresas sin informar ni consultar a nuestros pueblos.
Y finalmente en la región de la Costa, está el caso del megaproyecto hidroeléctrico en Paso de la Reyna donde fueron asesinados cinco defensores comunitarios en 2021 y hasta el momento no existe ningún avance en las investigaciones ni en materia de seguridad.
“Estos megaproyectos se imponen mediante concesiones sin consulta, en algunos casos consultas fraudulentas, compra de autoridades, contubernio del crimen organizado, militarización y asesinatos de defensores de la tierra y el territorio. Para lograrlo, dividen a nuestras comunidades, se violan todos los derechos humanos y ambientales y se pisotean flagrantemente los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas consagrados en los tratados internacionales”, sostuvieron.
