A pesar del discurso oficial de austeridad y de la supuesta eliminación de los llamados “techos financieros” para organizaciones sociales en Oaxaca, la Secretaría de Gobierno (Sego) destinó más de 313 millones de pesos a estos grupos durante el 2023 y 2024, de acuerdo con los reportes de avances de gestión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
Esta cifra contradice las declaraciones del gobernador Salomón Jara Cruz y de su secretario de Gobierno, Jesús Romero López, quienes han asegurado que los tiempos de financiamiento discrecional a líderes sociales han quedado atrás y que no han dado un solo peso a las organizaciones sociales.
El pasado 12 de febrero, en el marco de la conferencia de seguridad, Romero López reafirmó que la actual administración ha erradicado la entrega de recursos públicos a organizaciones que históricamente han operado bajo el amparo del gobierno estatal.
Según el funcionario, cada año se destinaban aproximadamente mil millones de pesos a 156 agrupaciones, pero tras una revisión, se determinó que solo entre 46 y 49 contaban con una verdadera representatividad.
Sin embargo, los datos oficiales muestran que en 2023 un total de 155 millones 451 mil 865 pesos fueron otorgados a organizaciones para la solución de conflictos sociales, agrarios, religiosos y electorales. Estos montos, que incluyen más de 40 millones para conflictos municipales y 29 millones para disputas agrarias, reflejan que la administración estatal sigue canalizando fondos a estas instancias, a pesar de la narrativa de austeridad y cambio en la distribución del presupuesto.
Mientras que, en 2024, la Secretaría de Gobierno desembolsó 158 millones 510 mil 430 pesos para distintos programas que beneficiaron a estas mismas organizaciones. Bajo rubros como “Paz Territorial”, “Viviendo la Paz” y “Hablemos, No Bloqueemos”, se canalizaron fondos millonarios con el aparente objetivo de prevenir conflictos y atender problemáticas sociales.
De este monto, 23 millones 975 mil pesos fueron destinados a mesas de trabajo para atender conflictos sociales, jurídicos y religiosos, mientras que 50 millones de pesos fueron utilizados para conflictos municipales y más de 44 millones para la atención de organizaciones sociales. La distribución de estos recursos pone en entredicho la política de transparencia del gobierno estatal, que insiste en que se ha roto con la vieja práctica de financiar a grupos de presión.
(Con información de El Pájaro Vaquero)
