El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET) reportó que Oaxaca y Chihuahua son las dos entidades que tienen la calificación más baja entre las que se evaluaron sobre la situación de la población indígena privada de su libertad en las cárceles del país.
Su “Índice de Situación de la Población Indígena Privada de la Libertad” elaborado con datos del año 2022, evaluó los mecanismos de identificación de personas indígenas en las cárceles, las personas indígenas privadas de su libertad, la infraestructura y personal de los centros penitenciarios, las políticas diferenciadas para la población indígena privada de la libertad, y acciones de coordinación con instituciones corresponsables.
El Cepiadet destacó que en Oaxaca el 33.2 por ciento de la población que se encuentra interna en las cárceles del estado declaró hablar una lengua indígena, mientras que en la población en general este valor es del 31.2%. En Chihuahua el 6.7% de la población en los centros penitenciarios declaró hablar una lengua indígena, en contraste con la población en general en la que este valor es sólo del 3.1 por ciento.
Las cifras anteriores, explicó, revelan que en estos dos estados del país hay una sobrerrepresentación de población indígena en los centros penitenciarios. Es decir que, en términos porcentuales, es mayor el número de personas indígenas privadas de su libertad, que las que se encuentran libres.
Esta organización, en su libro digital “Datos estadísticos sobre población indígena, población afrodescendiente y acceso a la justicia”, advirtió la mayoría de las personas indígenas privadas de su libertad no contó con un traductor al momento en que fueron presentadas ante un Ministerio Público.
Entre las personas privadas de la libertad que fueron presentadas en una agencia del Ministerio Público, detalló, y que necesitaban un traductor por no hablar español, a nivel nacional se registraron 2 mil 649 personas, que representan el 18.8 por ciento del total. De las personas que necesitaban dicho traductor, sólo el 37.3% de ellas lo tuvo.
De todas las entidades del país, en el estado de Oaxaca se registró la mayor cantidad y el mayor porcentaje de personas que necesitaba un traductor, con 637 personas equivalente al 42.6% del total. De ellas, sólo 47.2% tuvo el apoyo de un traductor al ser presentada en una agencia del Ministerio público.
Por otro lado, resaltó que el estado de Yucatán tuvo el segundo porcentaje más alto de personas que sí tuvieron el apoyo de un traductor, sólo por detrás del estado de Durango.
El Cepiadet también apuntó que de acuerdo con datos de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, de la Fiscalía General de la República, a nivel nacional los delitos más comunes por los que las personas indígenas se encuentran privadas de la libertad son: Contra la salud, Portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, Violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos (acopio de armas) y Violación a la Ley general de población o migración.
En Oaxaca, Campeche y Yucatán, el delito más común por el que las personas indígenas se encuentran privadas de la libertad son los delitos contra la salud.
