La omisión y negligencia del Gobierno de Oaxaca, la Fiscalía de Oaxaca y la Secretaría de Gobernación, propiciaron el asesinato del periodista Gustavo Sánchez Cabrera en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec cuando viajaba en su motocicleta en compañía de su hijo, resolvió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ante ello, el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa deberá ofrecer una disculpa pública por el asesinato de este periodista en el año 2021 con la cual reconocerá su responsabilidad en este crimen, establecer la verdad de los hechos y restablecer la dignidad de la víctima en su labor periodística.
En su recomendación 121/2022, la CNDH recabó elementos que permiten corroborar omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones de, al menos, 15 personas servidoras públicas: 11 de ellas pertenecientes a distintas unidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación; una persona más, que forma parte del personal directivo de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH) del gobierno de ese estado; y tres de ellas adscritas a la Fiscalía de Oaxaca.
La CNDH pudo documentar, también, que el periodista había sufrido y denunciado agresiones, amenazas y ataques los días 25 y 30 de abril, 13 de julio, 25 de octubre y 18 de noviembre de 2020; que había solicitado de forma reiterada la asignación de un chaleco antibalas y que se concretaran con premura los procedimientos de incorporación al citado mecanismo de protección.
“Esta Comisión Nacional pudo evidenciar que las autoridades señaladas contaban con información suficiente para advertir la gravedad e inminencia del riesgo que la persona enfrentaba, ya que, aunado a los antecedentes de amenazas de secuestro y de muerte que el periodista había recibido por mensajes electrónicos, sufrió un atentado con arma de fuego, por lo que fue ingresado a un hospital para atención médica, debido a las lesiones que le ocasionaron”.
Para la CNDH existe responsabilidad de las personas servidoras públicas adscritas al Mecanismo, ya que omitieron proteger, promover y garantizar los derechos humanos y no cumplieron con sus funciones encomendadas para cooperar eficazmente entre la federación y las entidades, a fin de implementar medidas de prevención, protección y de atención urgente con las cuales se garantizara la vida, integridad y seguridad de la víctima, quien se encontraba en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Además, señaló que las autoridades responsables omitieron cumplir con el deber de cuidado en apego a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a los procedimientos que establece su reglamento, con lo que se acredita que el desempeño como servidores públicos fue negligente.
“Este Organismo Nacional advierte, además, la preocupante falta de voluntad política de la autoridad estatal para coordinar acciones, a fin de proporcionar atención integral a la familia de la víctima, no obstante, el pleno conocimiento que tuvo tanto de los diversos atentados que sufrió, como de su lamentable homicidio”.
Es por eso que la CNDH dirigió la Recomendación 121/2022 al titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández; al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, y al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, por falta a la debida diligencia, así como incumplimiento al deber de cuidado, en agravio del periodista Gustavo Sánchez que fue privado de la vida en junio de 2021 mientras circulaba a bordo de su motocicleta y en compañía de su hijo, en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.
Frente a tales hechos, el organismo pidió al titular de la Secretaría de Gobernación, al gobernador del estado y al fiscal general de la entidad que se proceda a la inmediata reparación integral del daño a las personas familiares directamente afectadas por el lamentable homicidio del periodista.
Esta reparación del daño deberá incluir una compensación justa en términos de la Ley General de Víctimas, y otorgarles la atención psicológica que requieran, derivado de la violación a sus derechos humanos, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional, en un lugar accesible y con su consentimiento.
También deberá colaborar con su Órgano Interno de Control para el seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente en contra de las personas servidoras públicas identificadas como responsables, para que se investiguen y sancionen las probables faltas administrativas.
Asimismo, se deberá implementar un curso integral de capacitación al personal directivo que, por sus funciones, sea responsable de la atención y seguimiento de las solicitudes de incorporación al Mecanismo, y de la determinación, implementación y seguimiento de medidas urgentes de protección en favor de personas periodistas.
Al gobernador del estado de Oaxaca se le pidió que ofrezca una disculpa pública, cuyo objeto sea establecer la verdad de los hechos, el reconocimiento de responsabilidad institucional, restablecer la dignidad de la víctima en su labor periodística, y establecer el compromiso institucional para la no repetición de hechos similares.
Y se le pidió la colaboración con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de esa entidad, en el seguimiento de la denuncia administrativa que se presente por las probables faltas cometidas por personas servidoras públicas del gobierno del estado.
“Las autoridades del gobierno de Oaxaca deberán impartir un curso sobre derechos humanos y medidas de protección y prevención en favor de personas periodistas en el marco del convenio de cooperación institucional signado entre el gobierno de esa entidad y la Junta de Gobierno del Mecanismo, dirigido al personal de las dependencias señaladas”.
Por su parte, al Fiscal General del Estado se le solicita que colabore con la Visitaduría General de la Fiscalía en el seguimiento de la denuncia administrativa que se presente en contra de las personas servidoras públicas identificadas como responsables, por las probables faltas administrativas cometidas.
Y deberá impartirse un curso integral de capacitación, dirigido a los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía en Salina Cruz, Oaxaca, que incluya temas sobre derechos humanos y medidas de protección en favor de las víctimas del delito.
.){kind=link}