Cinco organizaciones de la sociedad civil y dos periodistas oaxaqueños solicitaron al gobierno mexicano destinar presupuesto suficiente, etiquetado, transparente, con indicadores medibles y accesibles para evaluar la política pública de derechos humanos, “para avanzar hacia la debida implementación de las recomendaciones internacionales”.
Esto, luego de que el Gobierno de México compareció ante el Consejo de Derechos Humanos para dar formal respuesta a las 318 recomendaciones que le formularon 115 países en enero pasado en el marco del Examen Periódico Universal, y en las que aceptó más de 300 recomendaciones.
La mitad de estas recomendaciones, explicaron, se concentran en el abordaje de la violencia feminicida, la igualdad de género, garantías para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la desaparición forzada y la migración. Otras de las temáticas que llamaron la atención internacional son derechos de los pueblos indígenas, niñeces, juventudes y población LGBTQI+.
Para las asociaciones civiles y periodistas, también se requiere hacer real la autonomía de los órganos autónomos de derechos humanos, en específico la Fiscalía General del Estado de Oaxaca de la que depende la erradicación de la impunidad; detener la presencia de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en prioridad en las comunidades indígenas donde se pretende imponer megaproyectos.
Así como armonizar el marco jurídico estatal con estándares internacionales impulsando reformas de los marcos constitucionales para garantizar el reconocimiento y ejercicio pleno de derechos de pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, territorio y medio ambiente sano.
Y generar e implementar un mecanismo para investigar y sancionar a las autoridades de procuración y administración de justicia omisas o negligentes; reformar el marco normativo estatal incrementando las sanciones contra el funcionariado que impida u obstaculice la libertad de expresión y defensa de derechos humanos, e iniciar procedimientos sancionadores contra autoridades de procuración de justicia que no inicien las investigaciones de muerte violentas de mujeres como feminicidios, entre otras.
“El Estado Mexicano y los Gobiernos estatales tienen la oportunidad de tomar pasos significativos para afrontar la grave crisis de derechos humanos en el país y demostrar su compromiso internacional en la materia.
“Desde Oaxaca estaremos atentos a las acciones que implemente el Gobierno del Estado de Oaxaca para cumplir con las obligaciones y responsabilidades que derivan de la aceptación de estas más de 300 recomendaciones”, informaron.
Las organizaciones que firman este pronunciamiento son Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Centro de Apoyo para le Educación y Creatividad Calpulli, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) y Red Nacional de Abogadas Indígenas, RAI Capítulo-Oaxaca; los periodistas son Soledad Jarquín Edgar y Pedro Matías Arrazola.
