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viernes, noviembre 22, 2024

Denuncian impunidad en casos de indígenas violentadas por funcionarios de Morena en Oaxaca

Reportajes

Aracely Cruz Jiménez, víctima violencia física y digital por parte de Donato Vargas, funcionario de alto nivel del gobierno de Oaxaca, recriminó el papel de la diputada de Morena, Irma Juan Carlos, al asegurar que ignoró la denuncia de Adriana Hernández victima de acoso sexual de Francisco Regino Montes, operador político de Morena y hermano del titular del INPI, Adelfo Regino

Cruz Jiménez aseguró que los casos tanto de ella como de Adriana fueron ignorados por la legisladora federal, Irma Juan Carlos presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

La diputada ha evitado en ambos casos un diálogo con las afectadas, pero utiliza el discurso de la defensa de las mujeres indígenas y la violación de sus derechos, pues lamentaron su cercanía política con Donato Vargas al exhibir fotografías con él.

Y lamenta “que utilice la bandera de mujeres indígenas cuando no está haciendo nada a favor de ella, no le corresponde, que nos deje ese papel a las que realmente estamos luchando”.

Lo anterior, fue denunciado en reciente de conferencia de prensa frente a Palacio de Gobierno convocada por la directiva de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya y de integrantes de la Colectiva Chicatanas, así como de la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI) quienes condenaron estas acciones y exigieron la destitución inmediata de estos funcionarios.

“Él se dirige a la compañera de una manera absolutamente grave y denigrante, sin embargo, ella  ya no se quiere quedarse callada; ya sopesó, toleró y  estuvo buscando las vías “diplomáticas”, para intentar colocar esta queja, sin embargo no hubo oídos como ella misma lo narra, tocó puertas y  buscó enlaces”, recriminó Yésica Sánchez Maya.

Asimismo, hizo un llamado al titular del INPI, Adelfo Regino Montes para que atienda a la brevedad esta situación y tome cartas en el asunto toda vez que –dijo-  “no se puede tener un agresor de esta naturaleza, de la misma calaña de Donato Vargas, dentro de su equipo de trabajo; lamentablemente son también operadores electorales y por esa operación política muchas veces les dan un manto de impunidad”, subrayó.

Y exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que agilice las denuncias que tiene tanto Araceli Cruz, víctima de violencia de género por parte de Donato Vargas, y ahora Adriana, así como otros casos más de los cuales se tiene conocimiento.

“Estamos interpelando desde un lado ético a Adelfo Regino Montes  para que tome cartas en el asunto, también hacemos un llamado público al Instituto Nacional de las Mujeres, que se ha quedado al margen, incluso en el caso de Donato; ojalá no sea la segunda vez; a la SMO también, pues ha permanecido omisa, y negligente tanto en el caso de Donato y ahora esperemos que tome cartas en el caso de Adriana”, recalcó.

Y agregó: “Es muy delicado y grave que Adriana, por no acceder a los favores sexuales, haya tenido que perder su trabajo. ¡Ya basta de tanta impunidad, de tanta justificación y de tanta permisibilidad, solamente porque les consiguen los votos”.

Adriana Hernández quien ha fungido como promotora comunitaria indígena, dio cuenta de la historia de acoso y hostigamiento sexual padecida directamente por Francisco Regino. Narró que desde enero del año 2021 comenzó a ser acosada por él vía WhatsApp, sin embargo, la violencia fue escalando tanto en el plano personal como el institucional.

Detalló que, en el agosto del año 2021, Francisco Regino le pidió acudir a un departamento ubicado en la agencia Donají, supuestamente propiedad de su hermano Adelfo Regino, con la finalidad de: “aclarar su situación laboral”.

No obstante, narró: “al llegar, me dice que tiene Covid y le reclamo el exponerme al contagio, él está solo en el lugar y me dice que no se me puede acercar pero que quiere que haga algo por él; me ofrece un consolador de plástico, lubricantes o algo así y me pide que los use mientras él observa, le dije que no y que necesitaba ayuda profesional”.

Dijo que a raíz de su negativa, en el trabajo se le prohibió participar en actividades públicas, se le exigió a sus compañeros no compartir información de proyectos con ella y la reubicaron a una oficina donde sus actividades se limitaban a sacar copias y escanear documentos.

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