La alternancia política en Oaxaca, y el triunfo electoral de Morena en el estado, no ha sido garantía de respeto a los derechos humanos y a las personas defensoras; al contrario, hay retrocesos y un agravamiento en esta materia, según organismos no gubernamentales.
Cinco organizaciones de la sociedad civil afirmaron que hay continuidad, retrocesos, simulación, omisión, negligencia, corrupción, falta de autonomía en los poderes del estado y desinterés en materia de derechos humanos en Oaxaca, tanto en los gobiernos del PRI como los de Morena.
Durante la presentación del cuarto informe sobre derechos humanos en la entidad, en esta ocasión titulado “Entre el PRI y Morena: retrocesos, impunidad y simulación” que abarca los años de 2018 a 2023, el dirigente de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid, aseguró que existe una grave falta de transparencia y de priorización de los derechos humanos en la asignación presupuestaria.
“Encontramos una profunda discordancia entre el discurso oficial y la asignación real, es efectivamente imposible saber en qué acciones se ejecutan los montos asignados, por ejemplo, a la política transversal de igualdad de género”, dijo en la lectura de un pronunciamiento firmado por las cinco organizaciones, y los periodistas Soledad Jarquín y Pedro Matías.
Los órganos autónomos claves para la política de derechos humanos y procuración de justicia, sostuvo, están supeditados al poder oficial y afirmó que prueba de ello son los procesos de elección de los últimos dos fiscales y del titular del órgano descentralizado, Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Oaxaca (CEAV).
“La violencia machista permea todos los niveles de Gobierno, diversos personajes señalados y denunciados por violencia de género fungen como funcionarios de alto nivel en el Gobierno del Estado, como lo es Donato Vargas Jiménez denunciado por violencia familiar y señalado por participar en Redes Sociales, de carácter pornográfico en perjuicio de mujeres indígenas”, apuntó.
El líder de Educa también señaló la militarización en las zonas donde pueblos indígenas luchan contra la imposición de megaproyectos, la violencia feminicida, el asesinato de 47 personas defensoras en el estado durante este periodo, y la impunidad, la contaminación de agua y el aire, entre otros.
‘En este último periodo, desde el 2018, existió una alternancia política a nivel federal y el último año a nivel estatal con la llegada de Salomón Jara a la Gubernatura, sin embargo y pese a la retórica de Estado se han profundizado las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca”, señaló.
Marcos Leyva enumeró una serie de exigencias entre las que se encuentran un presupuesto suficiente, etiquetado, transparente, con indicadores medibles y accesibles para evaluar la política pública de derechos humanos, la independencia real de los órganos autónomos de derechos humanos, detener la presencia de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en las comunidades indígenas donde se pretende imponer megaproyectos, y armonizar el marco jurídico estatal con estándares internacionales impulsando reformas de los marcos constitucionales para garantizar el reconocimiento y ejercicio pleno de derechos de pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, territorio y medio ambiente sano.
Así como implementar programas integrales de manejo de residuos sólidos con pertinencia técnica, cultural y de respeto a los derechos humanos, generar un mecanismo para investigar y sancionar a las autoridades de procuración y administración de justicia omisas o negligentes, reformar el marco normativo estatal incrementando las sanciones contra el funcionariado que impida u obstaculice la libertad de expresión y defensa de derechos humanos, e iniciar procedimientos sancionadores contra autoridades de procuración de justicia que no inicien las investigaciones de muerte violentas de mujeres como feminicidios.
También instó a la Organización de las Naciomes Unidas (ONU) a generar un mecanismo de seguimiento con rendición de cuenta anual respecto al cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado mexicano en todos los ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), “ya que a 15 años de evaluación del Estado Mexicano no han existido avances respecto a los ejes fundamentales de derechos humanos”
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento y del informe son Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Centro de Apoyo para le Educación y Creatividad Calpulli, Servicios para una Educación Alternativa y la Red Nacional de Abogadas Indígenas.
