Líderes de una decena de organizaciones no gubernamentales de seis estados del país aseguraron que la denominada “política pública de paz” del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, es “excluyente” porque no contempla la participación de la sociedad civil.
De acuerdo con los representantes de las asociaciones civiles de los estados de Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco y la Ciudad de México, la situación de conflictividad que se vive en el país, donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico atentan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
“La disputa por el control territorial entre grupos del crimen organizado en colusión con sectores del Estado y otros poderes fácticos exacerba la violencia, abona a conflictos comunitarios y es una de las causas del desplazamiento forzado interno”.
También afirmaron que la política de seguridad que avala los procesos de militarización por parte del Estado mexicano y su fallida lucha contra la impunidad, como se ha evidenciado en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Recordamos que la paz no se construye solo con voluntad; requiere de justicia efectiva, reparación del daño y un ejercicio constante de recuperación y construcción de memoria histórica”.
De esta manera afirmaron que la falta de mecanismos del Estado para atender la crisis migratoria, que está generando deshumanización, así como graves violaciones a derechos humanos tales como la violencia sexual y trata de mujeres, juventudes y niñeces.
Así como las múltiples violencias que se ejercen contra quienes defienden derechos humanos. Ejemplo de ello, dijeron, son los 47 asesinatos de activistas perpetrados en Oaxaca entre 2018 y 2022, cifra que coloca al estado como el más peligroso para la defensa de los derechos humanos en el país.
En el encuentro Construyendo en colectivo caminos hacia la paz con justicia”, exigieron al Estado Mexicano garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la grave situación de violencia feminicida.
Así como actuar de manera contundente en contra de la corrupción, la impunidad, asumir con seriedad acciones en contra del funcionariado de los diferentes niveles de gobierno por encubrir intereses criminales de despojo institucional, político y económico.
“Exigimos al Estado Mexicano a que garantice el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la situación de violencia feminicida”.
