Por irregularidades y observaciones no atendidas que superan los dos mil millones de pesos, la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca determinó no aprobar la Cuenta Pública del año 2022 del ex gobernador Alejandro Murat Hinojosa y las cuentas públicas de 47 municipios.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión, un total de 14 dependencias del gobierno del estado no solventaron 677 millones 154 mil 285.74 pesos de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado; entre esas dependencias se encuentran el Instituto Oaxaqueño de Infraestructura Educativa, la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Estatal de la Vivienda, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Mientras que, en el caso de las cuentas públicas de los municipios, detalla que un total de 47 ayuntamientos no solventaron observaciones por mil 350 millones 109 mil 882.94 pesos.
En el caso de la cuenta pública del 2022 del ex gobernador Alejandro Murat, las irregularidades más recurrentes fueron la omisión en la implementación de acciones para la implementación del Marco Integrado de Control Interno (MICI), modelo general de control interno, emitido en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización.
Así como inconsistencias en los registros contables de los ingresos ministrados por la Secretaria de Finanzas; la falta de presentación de Comprobantes Fiscales Digitales; saldos reflejados en las cuentas de caja y bancos al 31 de diciembre de 2022, no devengados ni recuperados al cierre del ejercicio; registros contables de las operaciones del ejercicio de gasto por concepto de servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Otras Ayudas, no soportados con su respectiva documentación justificativa, relativa a las solicitudes y autorizaciones del gasto, procedimientos de contratación, así como evidencia de los bienes adquiridos, servicios contratados o ayudas otorgadas.
En materia de obra, se detectaron irregularidades, relativas a la integración documental del expediente técnico, correspondiente a la planeación, autorización, adjudicación, contratación, ejecución, comprobación, entrega y recepción de la obra; asimismo, se detectaron pagos indebidos, derivados por volúmenes de obra no ejecutados, falta de evidencia fotográfica en las estimaciones correspondientes, conceptos de obra que no cumplieron con las características y especificaciones contratadas.
A lo anterior se suma la falta de presentación del Programa Anual de Obra Pública y el Padrón de Contratistas, la evidencia de su publicación, la suma de los montos contratados por excepción a la licitación pública excedió del 30 por ciento del presupuesto autorizado de obra pública y celebrar contratos que se encontraron por encima del monto máximo para adjudicar la obra por excepción a la licitación pública.
