La joven María Fernanda Hernández Morales, acompañada por la asociación civil Litigio Estratégico Indígena, presentó una demanda de amparo en la que reclama la omisión del gobierno federal la construcción de un sistema de información actualizada en el que aparezca el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización.
En su demanda presentada ante el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, advirtió que esta omisión no sólo incumple con el acuerdo de Escazú que firmó México junto con otros 23 países, también vulnera su derecho de acceso a la información y a la participación ciudadana.
María Fernanda Hernández es originaria de San Sebastián Tutla, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, y por este lugar pasa el río Salado que está contaminado. Esa una de las razones, manifestó, por las que está interesada en obtener información ambiental para ejercer su derecho a la participación ambiental.
El Acuerdo de Escazú fue adoptado por 24 países el cuatro de marzo de 2018, México ratificó el tratado el 22 de abril de 2021 y actualmente forma parte de la regularidad constitucional.
Hasta este momento, el gobierno federal no ha cumplido ninguno de los deberes del Acuerdo de Escazú; “pero lo que especialmente me preocupa”, señaló, “es que el Estado Mexicano no ha cumplido con el acuerdo 6 numeral 3 que ordena la construcción de un sistema de información actualizada en el que aparezca el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización”.
También mencionó que el primero de septiembre de 2023 se publicó el Quinto informe de labores de la Semarnat. sin que aparezca que se haya construido el Sistema de Información ni la publicación del listado.
“El incumplimiento en la construcción del Sistema ordenado en el Acuerdo de Escazú, vulnera mi derecho al acceso a la información ambiental y por lo tanto impide que pueda ejercer mi derecho a la participación ciudadana”.
Como persona humana, advirtió la falta de garantía a su derecho humano a un medio ambiente sano y a la información sobre las actuaciones que conciernen para las medidas tendentes para cumplir dichos derechos.
“Tengo el derecho a que el Estado Mexicano construya el Sistema de Información que es la base de la participación ciudadana en materia ambiental. Asimismo, tengo el derecho a instar la acción de amparo en defensa de mis derechos humanos a conocer sobre la información de las actuaciones que ha realizado el Estado para garantizar los derechos antes mencionados, no únicamente interesa a mi persona, sino a la comunidad en general”, sostuvo.
En la demanda de amparo, la joven María Fernanda Hernández con el apoyo de Litigio Estratégico Indígena, reclama la violación a los derechos humanos al acceso a la información ambiental, así como a la participación ciudadana.
