La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició 184 carpetas de investigación en el periodo del año 2018 a abril del año 2023 por delitos cometidos contra periodistas en la entidad, según el informe “Entre el PRI y Morena: retrocesos, impunidad y simulación”.
De estas carpetas de investigación, 64 por amenazas, 32 por delitos contra libertad de expresión, 13 por robo, cinco por despojo, cuatro por abuso de autoridad, cuatro por daños y tres por desaparición de personas; pero no existe información sobre avances en estas Investigaciones.
A estos se suman cuatro asesinatos de periodistas en el periodo de diciembre 2018 a junio 2022, de acuerdo con la base de datos del Mecanismo Nacional de Protección. Con estos números, Oaxaca es la quinta entidad con más asesinatos de periodistas, pero organizaciones de la sociedad civil la sitúan en cuarto lugar, junto con Quintana Roo.
“Cabe señalar la particular vulnerabilidad de periodistas que laboran en contextos comunitarios. Los cuatro asesinatos registrados por el Mecanismo Nacional de Protección ocurrieron en zonas rurales o pequeñas urbes fuera del centro; dos eran radialistas comunitarios”, apunta el informe desarrollado por las organizaciones Educa, Consorcio Oaxaca, la Red de Abogadas Indígenas, Centro Calpulli y Flor y Canto.
Además, de 2019 a 2022, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició 76 indagatorias relacionadas con agresiones a periodistas. Las autoridades más señaladas son los Ayuntamientos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad Pública; y las quejas son por amenazas, impedir el ejercicio periodístico, hostigamiento, agresiones físicas, obstaculizar el acceso a la información y allanamientos.
El informe sostiene que la impunidad es el mayor agravio para los periodistas y menciona el caso de Heber López Osorio, periodista oaxaqueño asesinado en la región del Istmo de Tehuantepec. A 17 meses de su asesinato, señala, y a pesar de estar identificados probables responsables, el proceso sigue sin concluirse, incrementando el riesgo para la familia que exige justicia y ha tenido que desplazarse.
“Lo mismo sucede con los dos casos que presentamos en nuestro informe anterior: el atentado contra el director de un portal informativo, Jaime Méndez Pérez continúa impune y el periodista Agustín Silva Vásquez permanece desaparecido. Las instancias especializadas para la investigación y la protección, tanto federales como estatales, son elefantes blancos que justifican la negligencia”.
En el documento se señala que garantizar la protección es otro de los grandes pendientes porque los esquemas de protección son ineficaces y dilatados, y como ejemplo menciona el caso del asesinato del periodista oaxaqueño Gustavo Sánchez Cabrera, quien se encontraba incorporado al Mecanismo Nacional, pero en el momento del asesinato no habían sido implementadas medidas de protección.
“No menos grave es la estigmatización del Estado contra periodistas a través de espacios oficiales de difusión, documentada de manera más sistemática a partir del inicio de la nueva administración pública en Oaxaca. Finamente, las personas periodistas de Oaxaca enfrentan la precarización salarial y la falta de acceso a mínimos derechos laborales y sociales, situación agudizada por la crisis derivada de la pandemia”, sentencia.
