En los seis meses del gobierno de Salomón Jara Cruz, su administración ha incurrido en 59 agresiones contra personas defensoras y procesos colectivos de defensa de derechos, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Campaña Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca.
El monitoreo constata, señala el informe, desde el poder se recrudece la difamación del ejercicio de defensa de los derechos humanos.
“En los primeros seis meses del nuevo gobierno en Oaxaca fueron criminalizadas y hostigadas 18 organizaciones o comunidades. En un promedio de diez días se registró una agresión colectiva, como son desalojo de protestas, detenciones arbitrarias, difamación desde el poder y otros tipos de criminalización”.
También advierte el aumento de hostigamiento gubernamental son la estigmatización del trabajo de organizaciones civiles y sociales por servidores públicos de primer nivel, incluido el gobernador Salomón Jara Cruz, contra actores como la Sección 22 de la CNTE-SNTE y Servicios para una Educación Alternativa EDUCA, así como las reiteradas difamaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la población mixe de Mogoñé Viejo en el Istmo de Tehuantepec que protesta contra las afectaciones del megaproyecto del Corredor Transístmico.
“Estas difamaciones gubernamentales preparan el terreno para actos represivos, ejecutados por grupos civiles al servicio de caciques, empresas, cuerpos policíacos locales o estatales y autoridades federales (Guardia Nacional-Marina)”.
En estos primeros seis meses de la nueva administración en Oaxaca, afirma que 41 personas defensoras fueron violentadas en sus derechos. La agresión más común es la criminalización, por ejemplo, órdenes de aprehensión y detenciones arbitrarias.
Alas y Raíces sostiene que la defensa del territorio contra los megaproyectos es una de las principales razones de ataques contra personas defensoras en el país.
“La construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) causó una avalancha de violencia contra personas defensoras indígenas, con agresiones registradas en los municipios de San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Matías Romero, San Francisco Ixhuatán y San Juan Guichicovi.
“La población indígena sigue siendo el sector más atacado, y las agresiones en su gran mayoría se dieron en la defensa de la tierra y el territorio, especialmente contra la instalación de megaproyectos, o en la defensa del derecho a la seguridad y la autonomía, contra intereses de caciques y otros poderes fácticos”.
En el monitoreo a nivel país, menciona que en estos meses causó gran preocupación el contexto violento de las inversiones mineras en Michoacán, con la desaparición de los dos defensores Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia y el asesinato de Eustacio Alcalá Díaz.
“Estos casos son un claro ejemplo de la mayor vulnerabilidad de personas defensoras en contextos de control territorial ejercida por la macrocriminalidad, un fenómeno delictivo de nueva calidad donde se vinculan estructuras criminales, empresariales y políticos que cuentan con la participación u omisión de autoridades del Estado. Situaciones muy complejas a las que se enfrentan personas defensoras en otros estados como Chiapas, Chihuahua y Guerrero”.
En el sector femenino, a nivel nacional las mujeres buscadoras de familiares desaparecidas son las defensoras más vulnerables, con asesinatos y desapariciones. Y en Oaxaca, este 2023 se registraron 4 detenciones arbitrarias de mujeres mixes de Mogoñé Viejo, que es solo la parte más visible de la constante discriminación hacia mujeres defensoras.
“Pese a este sombrío panorama, hay también algunas luces de esperanza. En 2023, los intentos de criminalización del derecho a la tierra y el territorio, con personas indígenas detenidas y procesadas sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Puebla, terminaron en la mayoría de los casos con la libertad condicional o absoluta, gracias a la amplia solidaridad con las personas defensoras acosadas”.
Entre los casos de siete desapariciones durante este 2023, tres personas regresaron con vida: Santos de la Cruz, defensor del territorio wixárika, la buscadora de personas desaparecidas Yesenia Guadalupe Durazo Cota en Sonora, y la ambientalista Karina Aragón Piña en Morelos. La inmediata alerta desde la sociedad y en consecuencia la oportuna intervención de las autoridades garantizó el derecho a la vida.
En el caso de la defensora Claudia Uruchurtu Cruz, desaparecida en Nochixtlán en marzo del 2021 durante una protesta contra la corrupción de autoridades municipales, en este semestre fueron sentenciados varios actores materiales que formaban parte de la pasada administración municipal de Asunción Nochixtlán, lo que significa un avance en el combate a la impunidad.
“Estas sentencias se lograron gracias a la intervención de autoridades federales y al seguimiento que le dieron instancias internacionales al caso. Sin embargo, la autoría intelectual de este crimen de lesa humanidad aún no fue aclarada por el poder judicial, y Claudia Uruchurtu Cruz sigue desaparecida.
“Seguimos exigiendo la búsqueda de las personas defensoras desaparecidas, entre ellas los defensores del bosque de San Esteban Atatlahuca en la Mixteca Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño e Irma Galindo, así como Claudia Uruchurtu Cruz”.
La Campaña agrega que en diciembre de 2022, la la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina y la CIDH advirtieron en una declaración conjunta sobre “el incremento de discursos estigmatizantes que buscan deslegitimar, o bien silenciar la labor de defensa de los derechos humanos en diversos países de la región. En algunos casos, preocupa que estos discursos provienen desde las más altas autoridades de los Estados”.
“La base de datos del monitoreo de “Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca” verifica esta tendencia peligrosa. Reconocemos el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de las personas defensoras y exigimos al Estado mexicano el respecto y la protección del derecho a defender derechos humanos”.
Finalmente, explica que la campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, que inició en 2022 y tiene el objetivo de visibilizar a comunidades y movimientos en defensa de sus derechos en Oaxaca, comparte un análisis del contexto actual para la defensa de derechos humanos durante el primer semestre de la nueva administración estatal, y lo enmarca en el escenario nacional.
