David Fernández, comisionado del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico sobre graves violaciones a los derechos humanos de 1965 a 1990, aseguró que probablemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, está confundido respecto a su exigencia de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entregué los archivos y documentos relacionados con el periodo que investigan.
Esta mañana, López Obrador declaró en su conferencia de prensa que él entiende que ya se transfieron esos documentos porque ya encontraron su ficha personal de inteligencia, pero que de todos modos lo va a preguntar la próxima semana duante la celebración del 200 aniversario del Archivo General de la Nación y que ahí le preguntará al director del archivo.
Que él ya ordenado a Carlos Ruiz Abreu que se abran todos los archivos disponibles en el Archivo General de la Nación.
Sin embargo, David Fernández aclaró que ellos no están demandando que el Archivo General de la Nación les dé acceso a los documentos, porque eso ya ocurre.
Aclaró que lo que están reclamando que el CNI (antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional – Cisen), transfiera los documentos al Archivo General de la Nación.
Aunque les han abierto las puertas, dijo, tienen evidencias de que faltan expedientes y fichas, y de que no hay está la información que fue microfilmada o puesta en bases electrónicas, y adicionalmente, que los organismos de inteligencia y de seguridad del país no han transferido los archivos que él (López Obrador) ordenó que se transfirieran siempre que involucraran violaciones graves a los derechos humanos o hechos de corrupción.
“Lo que estamos reclamando es que no se han transferido al Archivo General de la Nación los arvichos del CNI, no estamos reclamando que nos han cerrado los arvichos en el Archivo General de la Nación”, declaró durante la apertura de diálogos con víctimas en el estado de Oaxaca, para recabar testimonios sobre la represión y desapariciones forzadas ocurridas esos años.
Con el fin de presionar a las autoridades involucradas para que abran o entreguen esos expedientes, informó que lanzaron el hashtag #SinArchivosNoHayVerdad para que la ciudadanía los apoye.El comisionado aseguró que esto no es retórica, porque la verdad se juega también en los expedientes.
“Es decir, tendremos limitaciones serias para llegar a la profundidad de los hechos que ocurrieron y a la amplitud de lo acontecido si no podemos revisar con libertad estos archivos.
“Sin embargo, continuaremos nuestras investigaciones, las estamos haciendo con base también en testimonios, en archivos privados, en fuentes secundarias, etcétera; pero necesariamenete no tendremos las versiones oficiales ni entenderemos cabalmente las lógicas represivas con las que actuaron los organismos de seguridad en el estado. Entonces, son fundamentales para entender lo que sucedió en el país”.
David Fernández dijo que no tiene los elementos para afirmar si López Obrador tiene mal la información, si es un descuido o si hay alguna intención política de ocultar esos archivos; también mencionó que no hayn solicitado una reunión con el Presidente para ver este tema, porque cree que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas tiene la posibilidad de plantear esta situación, y tampoco es necesaria la reunión si el mandatario da la orden expresa y directa de que se entreguen esos expedientes.
Previo a los diálogos por la verdad en Oaxaca, aceptó que es una posibilidad de que las investigaciones sobre lo ocurrido estos años en México no continúen después del gobierno de López Obrador.
Sin embargo, adelantó que presentarán una iniciativa de Ley de Memoria para la creación de un Centro Nacional de Memoria y en la que se mandata que los esfuerzos que empezaron como comisión de la verdad sean continuados en la próxima administración.
“Creo que hay buenas posibilidades de que continuar si logramos que los diputados y senadores aprueban esta ley y se constituya el centro nacional. La iniciativa se ha consensuado, ya está elaborada, todavía no se ha presentado a las cámaras”.
David Fernández estimó que durante ese periodo desaparecieron de manera forzada a poco más de mil personas, y los responsables al menos hasta 1979 fueron perpetradas por elementos del Ejército Mexicano y de la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS) a través de la “brigada blanca”. En la década de los ochenta, apunta, hubo un cambio en el que las desapariciones fuern realizadas por las policías judiciales de los estados.
Además, han encontrado alrededor de 300 averiguaciones previas en lo que era la Procuraduría General de la República (PGR) y que es probable que otras estén en los estados de la república. Su intención es que se puedan reactivar esas averiguaciones previas, y que se inicien carpetas de investigación a partir de los resultados del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico.
“Nuestra actuación es sólo de esclarecimiento histórico, pero por supuesto que tenemos la pretensión de que lo que nosotros investiguemos, y eso está en el decreto presidencial, se puedan convertir en procesos judiciales.
“De todos modos, aunque sean personas mayores y no lleguen a pisar la cárcel como sucedió con el presidente Echeverría, pensamos que las víctimas necesitan y merecen una explicación, y la sanción moral en contra de estos perpretadores”, señaló.
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